El Consejo de Ministros hace pocos días acaba de aprobar el proyecto de creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y del Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (SINADIS), decisión que saludamos y respaldamos, plenamente satisfechos por haber impulsado este cambio en la estrategia de la política social y la modernización del Estado peruano, desde hace tiempo atrás.
Por otro lado, habiendo tomado conocimiento de los aspectos centrales de la propuesta formulada, considero necesario hacer algunos comentarios.
1° Debo resaltar que el concepto de Desarrollo al que apela el nuevo ministerio es el de Desarrollo Social. Hecho que ubica con exactitud el propósito que ha de tener el nuevo sector. Sin embargo, el concepto que se propone de Desarrollo Social es sumamente limitado, ciñéndose a la perspectiva estática del mismo: bienestar y desarrollo humano, contrario a la perspectiva dinámica y realmente social, de liberación de capacidades, individuales y colectivas, de la sociedad para lograr los objetivos que ella se plantee. La propuesta del proyecto es estática porque restringe los objetivos a una situación específica; en tanto que la segunda es dinámica, porque pone en condiciones a la sociedad para asumir retos permanentes, como son los de la evolución de la sociedad humana.
2° A partir de la concepción del Desarrollo Social utilizada, se desprenden las limitaciones del diseño del Ministerio. Se le pone como tarea la de “reducir la pobreza, las desigualdades, vulnerabilidades y riesgos sociales”. Ésta es también una concepción tradicional en la política social, que tiene como característica el concebir la política social como elemento paliativo y secundario de la política nacional. Atender a los marginados, como si la marginación y el estancamiento social fuera un problema menor y no, lo que es, un efecto de las dificultades estructurales de la organización y funcionamiento de la sociedad.
3° Una perspectiva de transformación social, considera a los problemas sociales como parte de un todo. La pobreza, la violencia, la criminalidad, la corrupción, la drogadicción, el pandillaje, son la expresión de una sociedad enferma. Todos ellos son problemas sociales y de una u otra manera su tratamiento es parte de los objetivos de los organismos sociales del Estado. Sin embargo, cada sector formula sus propias políticas, objetivos y metas, divorciadamente unos de otros. El caso palmario del fracaso del Estado en atender los problemas sociales está en el aumento de la delincuencia, muy a pesar del mejoramiento del bienestar en las ciudades. Y es que, como los especialistas reconocen, el problema de la delincuencia no es un tema que se resuelva solamente con medidas represivas y punitivas.
4° Las limitaciones en el enfoque se reflejan en la propuesta de estructura realizada. La acción del Sistema, como del Ministerio, se restringen realmente a la inclusión social y no al impulso integral del desarrollo. Los límites son evidentes cuando solamente se plantea extender los beneficios del crecimiento económico vía la generación de ingresos, sin dar la debida proporcionalidad a la labor de promoción y organización social, base de toda política del desarrollo. Quisiera citar por ejemplo el rol de la ética en el desarrollo. En sociedades como la nuestra donde se ha pretendido imponer el modelo de la “sociedad de mercado”, es imprescindible recuperar los viejos valores de nuestra cultura andina. Ese es el substrato de todo proceso de desarrollo. Sin embargo no se aprecia nada que vaya en esa dirección en el proyecto.
5° Estas no son sino un conjunto pequeño de observaciones al modelo global de formulación del proyecto de ministerio y de sistema. Debo reiterar mi absoluta convicción en lo atinado de la medida de constituir un nuevo ministerio con la rectoría efectiva en lo social, que debe expresarse en la constitución del SINADIS. Debo manifestar, sin embargo, que el diseño debe ser replanteado para corresponder a los objetivos de la transformación y superación real de los problemas sociales. La estructura presentada no asegura nada de ello, por una razón sencilla, no opera sobre el conjunto de factores que originan los problemas sociales. Con el agravante de ofrecer a la opinión pública la solución de los mismos.
6° Diseñar el ministerio y el sistema de desarrollo e inclusión social, lo que más exige es la necesidad de encontrar los aspectos centrales y multicausales de los problemas sociales, los cuales deben ser afrontados por medio de Políticas y Planes Nacionales, como el que se debería elaborar para luchar contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, así como –entre otros- el plan nacional para superar la violencia social y la criminalidad. Así, los organismos propuestos enfrentarán la gama de la problemática social, haciendo uso de los instrumentos correspondientes, manejando agendas variadas, pero sobre todo estableciendo lógicas concertadas de intervención multisectorial. El resto de sectores, públicos y privados, serán los gananciosos porque tendrán ese factor cohesionador y catalizador de la acción social.
7° Finalmente, en nuestro caso el orden de los factores sí altera el producto. La labor de organización y promoción del desarrollo social, deben partir de abajo hacia arriba. Impulsando un proceso de atención por el sector público de las exigencias de las comunidades organizadas. De manera que sean ellas las que determinen que programas sociales reciben, y no los funcionarios de cuello y corbata quienes tomen –fría y matemáticamente- esa decisión. No se trata sólo de llevar los funcionarios al campo, sino que sean los actores sociales los que realmente tomen las decisiones sobre lo que quieren y es mejor para su proyecto de desarrollo.
Ojala que así sea.
lunes, 22 de agosto de 2011
viernes, 5 de agosto de 2011
ECONOMICISMO, ENFERMEDAD INFANTIL DEL DESARROLLO
En el Perú se ha planteado la necesidad de crear el ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, como una de las formas de posibilitar que los beneficios del crecimiento lleguen a los más pobres. Deseo que se ha expresado con absoluta claridad en las urnas en el último proceso electoral.
El detalle se encuentra ahora en la forma que tomará dicho ministerio, de manera que pueda asegurarse en serio que el progreso llegue a los más necesitados.
Lo primero que debería asegurarse es que el nuevo ministerio no se convierta en una sucursal del Ministerio de Economía y finanzas, en tanto y en cuanto se considere que el solo hecho de repartir dinero, bajo distintas denominaciones de programas, ya es posibilitar la superación de la situación de pobreza. A ello es lo que denominamos como economicismo, que ha venido a convertirse en el garrafal error que cometen quienes creen que sólo la economía es el pivote del desarrollo.
Y he aquí una segunda condición, fundamental si se quiere lograr verdaderos resultados, el saber cuál será el enfoque por el cual se definirá la pobreza, ¿sólo en función a ingresos, a necesidades básicas insatisfechas? ¿Se considerarán las capacidades, los aspectos multidimensionales?
El reparto de dinero, está demostrado, es la creación de un nuevo tipo de dependencia, que en algunos casos es manipulado clientelarmente entre la población beneficiaria. Respecto a las necesidades básicas insatisfechas, los criterios con que se atienden estas exigencias no siempre corresponden a las prioridades de desenvolvimiento de las comunidades, por lo que las obras terminan siendo abandonadas por aquéllas.
Caso distinto es el de las capacidades, individuales y colectivas, porque esencialmente no sólo se atienden necesidades inmediatas, sino porque también se prepara a la comunidad para asumir autónomamente su desarrollo, más allá de los enfoques que le den los órganos interventores. El desarrollo de capacidades exige una intervención multidisciplinaria y multisectorial, es decir no sólo se reparte dinero, fundamentalmente se forma capital social, desde los núcleos familiares hasta las redes comunitarias. Lo que implica un trabajo sostenido de recuperación de la autoestima y los valores de cooperación y reciprocidad, que no se logran solamente con cartelones y afiches.
Todo ello, está circunscrito a lo que hemos venido en llamar una política social de nuevo tipo, donde no sea solamente el Estado el que se movilice, sino también se incorpore la Sociedad Civil y la empresa privada. Ya que, como es obvio, la generación de una dinámica liberadora de energías individuales y colectivas, debe encontrar rutas de escape y canalización de iniciativas en la sociedad amplia. La figura con lo que quisiera comparar este proceso, si es fallido, es el de las nuevas avenidas que se han modernizado en Lima, pero que terminan en sendos cuellos de botella, en los que se genera también grandes conflictos y frustraciones.
Es por esta razón, que consideramos que la dinámica a impulsar es la del Desarrollo Social, porque no es sino la sociedad en su conjunto la que debe movilizarse para superar sus problemas sociales. Y tendrá que ser así inequívocamente por los sucesos que se presentan ya cotidianamente en la sociedad peruana. La anomia avanza cada día más en el país, debiendo ser tratada por la política pública social.
Creer que con más cárceles o represión se detendrá ésta, es equivocarse. Es como pensar que la pena de muerte detiene los asesinatos. No es así. Se requiere de una política que sancione y reprima el delito, es cierto, pero también de una que lo prevenga y elimine las causas de su nacimiento. Eso es deber irrenunciable del Estado.
El nuevo ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, al pretender ser el rector y organizador de la política social, debe asumir estos retos. Y desde la sociedad civil hemos de ser actores y vigilantes de que ello sea así.
El detalle se encuentra ahora en la forma que tomará dicho ministerio, de manera que pueda asegurarse en serio que el progreso llegue a los más necesitados.
Lo primero que debería asegurarse es que el nuevo ministerio no se convierta en una sucursal del Ministerio de Economía y finanzas, en tanto y en cuanto se considere que el solo hecho de repartir dinero, bajo distintas denominaciones de programas, ya es posibilitar la superación de la situación de pobreza. A ello es lo que denominamos como economicismo, que ha venido a convertirse en el garrafal error que cometen quienes creen que sólo la economía es el pivote del desarrollo.
Y he aquí una segunda condición, fundamental si se quiere lograr verdaderos resultados, el saber cuál será el enfoque por el cual se definirá la pobreza, ¿sólo en función a ingresos, a necesidades básicas insatisfechas? ¿Se considerarán las capacidades, los aspectos multidimensionales?
El reparto de dinero, está demostrado, es la creación de un nuevo tipo de dependencia, que en algunos casos es manipulado clientelarmente entre la población beneficiaria. Respecto a las necesidades básicas insatisfechas, los criterios con que se atienden estas exigencias no siempre corresponden a las prioridades de desenvolvimiento de las comunidades, por lo que las obras terminan siendo abandonadas por aquéllas.
Caso distinto es el de las capacidades, individuales y colectivas, porque esencialmente no sólo se atienden necesidades inmediatas, sino porque también se prepara a la comunidad para asumir autónomamente su desarrollo, más allá de los enfoques que le den los órganos interventores. El desarrollo de capacidades exige una intervención multidisciplinaria y multisectorial, es decir no sólo se reparte dinero, fundamentalmente se forma capital social, desde los núcleos familiares hasta las redes comunitarias. Lo que implica un trabajo sostenido de recuperación de la autoestima y los valores de cooperación y reciprocidad, que no se logran solamente con cartelones y afiches.
Todo ello, está circunscrito a lo que hemos venido en llamar una política social de nuevo tipo, donde no sea solamente el Estado el que se movilice, sino también se incorpore la Sociedad Civil y la empresa privada. Ya que, como es obvio, la generación de una dinámica liberadora de energías individuales y colectivas, debe encontrar rutas de escape y canalización de iniciativas en la sociedad amplia. La figura con lo que quisiera comparar este proceso, si es fallido, es el de las nuevas avenidas que se han modernizado en Lima, pero que terminan en sendos cuellos de botella, en los que se genera también grandes conflictos y frustraciones.
Es por esta razón, que consideramos que la dinámica a impulsar es la del Desarrollo Social, porque no es sino la sociedad en su conjunto la que debe movilizarse para superar sus problemas sociales. Y tendrá que ser así inequívocamente por los sucesos que se presentan ya cotidianamente en la sociedad peruana. La anomia avanza cada día más en el país, debiendo ser tratada por la política pública social.
Creer que con más cárceles o represión se detendrá ésta, es equivocarse. Es como pensar que la pena de muerte detiene los asesinatos. No es así. Se requiere de una política que sancione y reprima el delito, es cierto, pero también de una que lo prevenga y elimine las causas de su nacimiento. Eso es deber irrenunciable del Estado.
El nuevo ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, al pretender ser el rector y organizador de la política social, debe asumir estos retos. Y desde la sociedad civil hemos de ser actores y vigilantes de que ello sea así.
viernes, 22 de julio de 2011
NUEVO MINISTERIO Y NUEVA POLITICDA SOCIAL
HABIENDOSE PUBLICITADO LA CREACIÓN DE UN NUEVo ministerio de desarrollo e inclusión social, que coincide con nuestra propuesta de semanas atras, volvemos a publicarla para su revisión.
El inicio de un nuevo gobierno siempre es la mejor oportunidad para hacer balances y plantear mejorías a la acción del Estado. En este caso, me voy a referir a la necesidad de hacer severos replanteamientos a las políticas sociales del Estado peruano.
Como es sabido, las políticas públicas son el conjunto de orientaciones que se formulan a partir del diagnóstico de la problemática identificada por los gobernantes, guiados por un marco político doctrinario que les permite identificar los aspectos centrales a ser abordados para resolver las dificultades existentes y tomar las decisiones que permitan alcanzar los objetivos y metas propuestos. En el caso de las políticas públicas que atacan los problemas de las relaciones entre las personas y con las instituciones, para el logro de una mejor calidad de vida individual y colectiva, que en general configura lo social, se les conoce como las políticas sociales.
Como vemos, el ámbito de acción de la política social puede ser muy amplio, desde la forma en que se promueve la integración familiar, pasando por la atención de los problemas de drogadicción, delincuencia y pandillaje, tanto como el de los niveles de ingreso de las personas y la forma en que resuelven sus necesidades vitales, hasta la forma en que se desenvuelven las instituciones fundamentales de la sociedad. Sin embargo, las prioridades de su atención son planteadas discrecionalmente por las preferencias de cada gobierno, las cuales pueden ser de carácter doctrinario, ideológico, económico y hasta político (en referencia al juego político).
Los últimos veinte años, en el Perú y la mayor parte de América Latina, las políticas sociales han venido siendo planteadas como complementarias a la política económica, bajo el concepto de mitigar los efectos del ajuste estructural o de palear las inequidades estructurales existentes, en la lógica de asegurar la gobernabilidad. Cuando las políticas sociales están sujetas a la política económica, sucede que los objetivos económicos poseen la primera prioridad de la gestión del Estado. El modelo a seguir es el de los países anglosajones, donde se privilegia el individualismo competitivo. De los países latinoamericanos el más avanzado y talvez mejor exponente de su aplicación, es México. Con lo que todos sabemos que ahora le viene ocurriendo a México en términos de delincuencia, inseguridad y severas amenazas a la gobernabilidad. Me atrevería a decir que México es un lugar donde las políticas sociales funcionan tan bien que se puede demostrar que es inoperante el modelo en que han sido diseñadas.
Lamentablemente, tanto la experiencia mexicana como brasileña, esta última con mucha similitudes a la primera, sirven de ejemplo para las políticas sociales de nuestro subcontinente. Y digo lamentablemente, porque en general los organismos multilaterales de cooperación nos presentan esas prácticas como las “exitosas y adecuadas”. Resulta siendo como esos tratamientos médicos que nos curan de un mal pero a la par, por falta de investigación adecuada, nos agudizan otro, terminando igualmente el paciente falleciendo.
SUPERAR EL ECONOMICISMO DE LAS POLÍTICAS SOCIALES.
Las sociedades en muchos aspectos funcionan como sistemas, como un todo integrado e interdependiente entre sus partes. De manera que no se puede actuar sobre uno de sus componentes sin saber previamente cuál ha de ser el impacto en el resto. Las políticas públicas de carácter economicista consideran que la sociedad se mueve en torno a la economía y que desde ese espacio se corregirá la dificultad social, como en la frase bíblica, “por añadidura”. La fatal práctica social, demuestra que no es así.
El haber identificado como factor característico de la pobreza al ingreso y al consumo de la persona y las familias, es una expresión de la política social que caracterizo como arcaica. En una orientación que privilegia el comportamiento económico de las personas, desde los llamados países desarrollados se planteó, a partir de la mitad del siglo pasado, la centralidad de la política de lucha contra la pobreza, pero todo ello bajo una visión economicista.
Desde ese entonces, se han invertido miles de millones de dólares de ayuda externa o cooperación internacional, que a lo único que ha contribuido es a perennizar el estancamiento de las capacidades y expectativas de nuestros sectores populares, y con ellos el de nuestros países. Y es que al haberse centrado las políticas y programas de ayuda principalmente en palear asistencialmente la carencia de ingresos, a través de donaciones o transferencias, sin haber afectado realmente las condiciones que llevaron a estas personas a estar en situación de pobreza, no se ha resuelto en verdad el problema estructural. Retírense las ayudas, las transferencias y esas poblaciones volverán a caer irremisiblemente en la pobreza y la pobreza extrema.
Una muestra adicional de la incapacidad de la vieja política social, es la de no haber podido impedir el crecimiento exponencial que se viene dando de la delincuencia, la violencia familiar, el narcotráfico y la corrupción, todas ellas expresión de la anomia. Y a su vez también problemas sociales con los que el Estado y la Sociedad deben enfrentarse.
HACIA UNA POLÍTICA SOCIAL DE NUEVO TIPO.
Frente al fracaso real de la política social arcaica, se abre paso la exigencia de una política social integrada e integradora. Digo integrada, porque debe considerar el conjunto de la realidad social y no sólo los aspectos económicos. Es decir, debe evaluarse al pobre y a los pobres dentro del contexto en que se desenvuelven y atacar integralmente al mismo. Por tanto, la intervención es, a la par que individual, holística. Y la política social debe ser integradora, porque debe romper con las separaciones que se dan entre entidades y programas, que funcionan con agendas propias a espaldas de los “beneficiarios”, a quienes se les considera como sujetos pasivos. El protagonismo debe invertirse en la nueva política social, ya no es más de los “promotores”, sino de la población, quien en un proceso progresivo identifica sus problemas y antecedentes, planteándose una imagen objetivo a construir desde el hoy hacia el futuro.
Esta tarea plantea una nueva división de funciones del Estado (en sus tres niveles, central, regional y local, así como en los respectivos espacios horizontales). De manera que se rompa con la superposición, la duplicidad, las filtraciones, incontrolables en el modelo actual.
La nueva política social debería tener aspectos de carácter universal y de focalización. Universales porque asegurará los derechos de todas las personas a una vida digna y de calidad y de focalización porque priorizará territorialmente su atención, empezando con aquellas zonas que registran mayores niveles de retraso.
En general, de lo que se trata, es de aplicar un concepto renovado de desarrollo social, que parte de la convicción del derecho de toda persona de desplegar plenamente sus capacidades individuales y colectivas; situación que nos incluye a todos como actores del desarrollo, en tanto y en cuanto, podamos incorporarnos a la brega en los aspectos sociales, culturales, económicos, políticos y hasta ambientales –considerando aquello donde sentimos carencias y ansias de logro.
A nivel de la estrucutra del Estado, la nueva política social debe significar una reforma que lleve a acabar con los compartimentos estancos y los organismos decorativos, para dar paso a un Sistema Nacional que incorpore las acciones del Estado, la empresa privada (por la Responsabilidad Social) y la Sociedad Civil. Y es que así como se concerta la política económica debe concertarse la aplicación de la política social. El Sistema funcional a crear debe tener la autoridad suficiente para ordenar la política social en coordinación con la población participante. Todo ello en un nuevo estilo de promover el cambio y la transformación social.
Una nueva política social con estas características, debería lograr movilizar a todo el país, bajo el concepto del desarrollo integral, colaborando de esa forma a resolver realmente la problemática social del país en su conjunto.
El Perú y las generaciones venideras lo están esperando.
El inicio de un nuevo gobierno siempre es la mejor oportunidad para hacer balances y plantear mejorías a la acción del Estado. En este caso, me voy a referir a la necesidad de hacer severos replanteamientos a las políticas sociales del Estado peruano.
Como es sabido, las políticas públicas son el conjunto de orientaciones que se formulan a partir del diagnóstico de la problemática identificada por los gobernantes, guiados por un marco político doctrinario que les permite identificar los aspectos centrales a ser abordados para resolver las dificultades existentes y tomar las decisiones que permitan alcanzar los objetivos y metas propuestos. En el caso de las políticas públicas que atacan los problemas de las relaciones entre las personas y con las instituciones, para el logro de una mejor calidad de vida individual y colectiva, que en general configura lo social, se les conoce como las políticas sociales.
Como vemos, el ámbito de acción de la política social puede ser muy amplio, desde la forma en que se promueve la integración familiar, pasando por la atención de los problemas de drogadicción, delincuencia y pandillaje, tanto como el de los niveles de ingreso de las personas y la forma en que resuelven sus necesidades vitales, hasta la forma en que se desenvuelven las instituciones fundamentales de la sociedad. Sin embargo, las prioridades de su atención son planteadas discrecionalmente por las preferencias de cada gobierno, las cuales pueden ser de carácter doctrinario, ideológico, económico y hasta político (en referencia al juego político).
Los últimos veinte años, en el Perú y la mayor parte de América Latina, las políticas sociales han venido siendo planteadas como complementarias a la política económica, bajo el concepto de mitigar los efectos del ajuste estructural o de palear las inequidades estructurales existentes, en la lógica de asegurar la gobernabilidad. Cuando las políticas sociales están sujetas a la política económica, sucede que los objetivos económicos poseen la primera prioridad de la gestión del Estado. El modelo a seguir es el de los países anglosajones, donde se privilegia el individualismo competitivo. De los países latinoamericanos el más avanzado y talvez mejor exponente de su aplicación, es México. Con lo que todos sabemos que ahora le viene ocurriendo a México en términos de delincuencia, inseguridad y severas amenazas a la gobernabilidad. Me atrevería a decir que México es un lugar donde las políticas sociales funcionan tan bien que se puede demostrar que es inoperante el modelo en que han sido diseñadas.
Lamentablemente, tanto la experiencia mexicana como brasileña, esta última con mucha similitudes a la primera, sirven de ejemplo para las políticas sociales de nuestro subcontinente. Y digo lamentablemente, porque en general los organismos multilaterales de cooperación nos presentan esas prácticas como las “exitosas y adecuadas”. Resulta siendo como esos tratamientos médicos que nos curan de un mal pero a la par, por falta de investigación adecuada, nos agudizan otro, terminando igualmente el paciente falleciendo.
SUPERAR EL ECONOMICISMO DE LAS POLÍTICAS SOCIALES.
Las sociedades en muchos aspectos funcionan como sistemas, como un todo integrado e interdependiente entre sus partes. De manera que no se puede actuar sobre uno de sus componentes sin saber previamente cuál ha de ser el impacto en el resto. Las políticas públicas de carácter economicista consideran que la sociedad se mueve en torno a la economía y que desde ese espacio se corregirá la dificultad social, como en la frase bíblica, “por añadidura”. La fatal práctica social, demuestra que no es así.
El haber identificado como factor característico de la pobreza al ingreso y al consumo de la persona y las familias, es una expresión de la política social que caracterizo como arcaica. En una orientación que privilegia el comportamiento económico de las personas, desde los llamados países desarrollados se planteó, a partir de la mitad del siglo pasado, la centralidad de la política de lucha contra la pobreza, pero todo ello bajo una visión economicista.
Desde ese entonces, se han invertido miles de millones de dólares de ayuda externa o cooperación internacional, que a lo único que ha contribuido es a perennizar el estancamiento de las capacidades y expectativas de nuestros sectores populares, y con ellos el de nuestros países. Y es que al haberse centrado las políticas y programas de ayuda principalmente en palear asistencialmente la carencia de ingresos, a través de donaciones o transferencias, sin haber afectado realmente las condiciones que llevaron a estas personas a estar en situación de pobreza, no se ha resuelto en verdad el problema estructural. Retírense las ayudas, las transferencias y esas poblaciones volverán a caer irremisiblemente en la pobreza y la pobreza extrema.
Una muestra adicional de la incapacidad de la vieja política social, es la de no haber podido impedir el crecimiento exponencial que se viene dando de la delincuencia, la violencia familiar, el narcotráfico y la corrupción, todas ellas expresión de la anomia. Y a su vez también problemas sociales con los que el Estado y la Sociedad deben enfrentarse.
HACIA UNA POLÍTICA SOCIAL DE NUEVO TIPO.
Frente al fracaso real de la política social arcaica, se abre paso la exigencia de una política social integrada e integradora. Digo integrada, porque debe considerar el conjunto de la realidad social y no sólo los aspectos económicos. Es decir, debe evaluarse al pobre y a los pobres dentro del contexto en que se desenvuelven y atacar integralmente al mismo. Por tanto, la intervención es, a la par que individual, holística. Y la política social debe ser integradora, porque debe romper con las separaciones que se dan entre entidades y programas, que funcionan con agendas propias a espaldas de los “beneficiarios”, a quienes se les considera como sujetos pasivos. El protagonismo debe invertirse en la nueva política social, ya no es más de los “promotores”, sino de la población, quien en un proceso progresivo identifica sus problemas y antecedentes, planteándose una imagen objetivo a construir desde el hoy hacia el futuro.
Esta tarea plantea una nueva división de funciones del Estado (en sus tres niveles, central, regional y local, así como en los respectivos espacios horizontales). De manera que se rompa con la superposición, la duplicidad, las filtraciones, incontrolables en el modelo actual.
La nueva política social debería tener aspectos de carácter universal y de focalización. Universales porque asegurará los derechos de todas las personas a una vida digna y de calidad y de focalización porque priorizará territorialmente su atención, empezando con aquellas zonas que registran mayores niveles de retraso.
En general, de lo que se trata, es de aplicar un concepto renovado de desarrollo social, que parte de la convicción del derecho de toda persona de desplegar plenamente sus capacidades individuales y colectivas; situación que nos incluye a todos como actores del desarrollo, en tanto y en cuanto, podamos incorporarnos a la brega en los aspectos sociales, culturales, económicos, políticos y hasta ambientales –considerando aquello donde sentimos carencias y ansias de logro.
A nivel de la estrucutra del Estado, la nueva política social debe significar una reforma que lleve a acabar con los compartimentos estancos y los organismos decorativos, para dar paso a un Sistema Nacional que incorpore las acciones del Estado, la empresa privada (por la Responsabilidad Social) y la Sociedad Civil. Y es que así como se concerta la política económica debe concertarse la aplicación de la política social. El Sistema funcional a crear debe tener la autoridad suficiente para ordenar la política social en coordinación con la población participante. Todo ello en un nuevo estilo de promover el cambio y la transformación social.
Una nueva política social con estas características, debería lograr movilizar a todo el país, bajo el concepto del desarrollo integral, colaborando de esa forma a resolver realmente la problemática social del país en su conjunto.
El Perú y las generaciones venideras lo están esperando.
miércoles, 20 de julio de 2011
EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS Y SOCIALES EN AMÉRICA LATINA
El encuentro fue organizado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Durante la actividad, se analizó la evolución de las políticas económicas y sociales, y las dimensiones de la lucha por la equidad, en los últimos 50 años en América Latina.
El Director Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Heraldo Muñoz, y el Secretario General Iberoamericano, Enrique V. Iglesias, inauguraron el debate sobre “Las políticas económicas y sociales de América Latina en el último medio siglo”, realizado en la Universidad de Columbia, New York, el pasado 31 de mayo.
Durante la actividad, se debatió sobre la evolución de las políticas económicas y sociales, y las dimensiones de la lucha por la equidad, en los últimos 50 años en América Latina.
Con este objetivo, se presentaron tres documentos: “Seis décadas de debates económicos latinoamericanos” (.pdf) de José Antonio Ocampo, profesor de la Universidad de Columbia; “La calidad de la democracia de América Latina”, de Joaquín Estefanía, periodista de El País de Madrid, y “Pensamiento político en América Latina. El elusivo consenso”, de Edmundo Jarquín Calderón.
La convocatoria permitió reflexionar y analizar el desarrollo económico, político y social de la región y plantear los retos a los que, a pesar de los avances, todavía se enfrenta la región.
Estuvieron presentes entre los participantes: Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL; Abe Lowental, Profesor de la University of Southern California; Rolando Franco de FLACSO; Gert Rosenthal, Embajador de Guatemala ante Naciones Unidas; Alvaro Pinto, Coordinador del Área de Gobernabilidad Democrática del PNUD, Robert Frenkel, Investigador del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), y Martin Hopenhayn, Director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL.
Se destacaron asimismo los importantes logros alcanzados en estos últimos 50 años, y se insistió al mismo tiempo en la necesidad de seguir avanzando en la lucha contra la pobreza y la desigualdad.
El Director Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Heraldo Muñoz, afirmó que “Latinoamérica ha logrado avances en materia de estabilidad democrática y crecimiento económico, pero aún tiene pendiente dos grandes retos: la desigualdad y la inseguridad ciudadana”.
Para el Secretario General de la SEGIB, Enrique V. Iglesias, "la desigualdad debilita el sentido de pertenencia y de identidad y por eso, debemos atacarla junto con la pobreza, para conseguir una estabilidad económica y política duradera".
En cuanto a la evolución de la historia económica, se recordó cómo la volatilidad y los insuficientes avances en materia de matriz productiva amenazan el desarrollo del continente.
Por otro lado, priorizando las carencias de la política social, se habló de la ausencia de universalización de los beneficios sociales como consecuencia de una política tributaria defectuosa.
Durante la actividad, se analizó la evolución de las políticas económicas y sociales, y las dimensiones de la lucha por la equidad, en los últimos 50 años en América Latina.
El Director Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Heraldo Muñoz, y el Secretario General Iberoamericano, Enrique V. Iglesias, inauguraron el debate sobre “Las políticas económicas y sociales de América Latina en el último medio siglo”, realizado en la Universidad de Columbia, New York, el pasado 31 de mayo.
Durante la actividad, se debatió sobre la evolución de las políticas económicas y sociales, y las dimensiones de la lucha por la equidad, en los últimos 50 años en América Latina.
Con este objetivo, se presentaron tres documentos: “Seis décadas de debates económicos latinoamericanos” (.pdf) de José Antonio Ocampo, profesor de la Universidad de Columbia; “La calidad de la democracia de América Latina”, de Joaquín Estefanía, periodista de El País de Madrid, y “Pensamiento político en América Latina. El elusivo consenso”, de Edmundo Jarquín Calderón.
La convocatoria permitió reflexionar y analizar el desarrollo económico, político y social de la región y plantear los retos a los que, a pesar de los avances, todavía se enfrenta la región.
Estuvieron presentes entre los participantes: Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL; Abe Lowental, Profesor de la University of Southern California; Rolando Franco de FLACSO; Gert Rosenthal, Embajador de Guatemala ante Naciones Unidas; Alvaro Pinto, Coordinador del Área de Gobernabilidad Democrática del PNUD, Robert Frenkel, Investigador del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), y Martin Hopenhayn, Director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL.
Se destacaron asimismo los importantes logros alcanzados en estos últimos 50 años, y se insistió al mismo tiempo en la necesidad de seguir avanzando en la lucha contra la pobreza y la desigualdad.
El Director Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Heraldo Muñoz, afirmó que “Latinoamérica ha logrado avances en materia de estabilidad democrática y crecimiento económico, pero aún tiene pendiente dos grandes retos: la desigualdad y la inseguridad ciudadana”.
Para el Secretario General de la SEGIB, Enrique V. Iglesias, "la desigualdad debilita el sentido de pertenencia y de identidad y por eso, debemos atacarla junto con la pobreza, para conseguir una estabilidad económica y política duradera".
En cuanto a la evolución de la historia económica, se recordó cómo la volatilidad y los insuficientes avances en materia de matriz productiva amenazan el desarrollo del continente.
Por otro lado, priorizando las carencias de la política social, se habló de la ausencia de universalización de los beneficios sociales como consecuencia de una política tributaria defectuosa.
jueves, 14 de julio de 2011
FORO DE MINISTROS DE DESARROLLO SOCIAL DE AMERICA LATINA
VI FORO DE MINISTROS DE DESARROLLO SOCIAL DE AMÉRICA LATINA
Chapadmalal, Buenos Aires, República Argentina
7, 8 y 9 de Mayo
DECLARACIÓN DE CHAPADMALAL
“CONSTRUYENDO SU CAMINO AMÉRICA LATINA AVANZA”
Las Ministras y Ministros responsables de las Políticas de Desarrollo Social y
Jefes de Delegación, reunidos en Chapadmalal los días 7, 8 y 9 de mayo de 2007,
en ocasión del VI Foro de Ministros de Desarrollo Social de la región
latinoamericana, teniendo en cuenta los compromisos adquiridos en la Cumbre
Mundial del Milenio de las Naciones Unidas, en las Cumbres Sociales, la
Declaración de Santa Clara, Perú,
CONSIDERAN:
• Que el contexto político y social latinoamericano, de solidaridad y
comprensión mutua, hace imprescindible consolidar Políticas Sociales de
raigambre popular, donde lo social, económico y cultural se constituyan en
elementos fundamentales del desarrollo integral de nuestros países.
• Que sólo es posible avanzar en procesos de integración regional
sustentables en la medida en que se combine el crecimiento económico con
la justicia social, teniendo como único fin el bienestar de nuestros pueblos. • Que estos procesos deben generarse sobre la base de los principios del
respeto irrestricto a los derechos humanos y sociales, de la construcción de
ciudadanía, de la equidad territorial, cultural, generacional y de género y la
justicia social, cuyo ejercicio es asumido por una sociedad participativa y
garantizado por un Estado activo de fuerte inversión social.
• Que es preciso superar las lógicas clientelares, paternalistas y
asistencialistas que inhiben el ejercicio pleno de los derechos y atentan
contra la dignidad de las personas.
• Que es necesario fortalecer la institucionalidad de las políticas públicas
trascendiendo la inmediatez con el fin de consolidar y jerarquizar el
desarrollo integral de nuestros pueblos.
• Que es imprescindible promover en el diseño y aplicación de las políticas
públicas la perspectiva de derechos, que reconoce personas y no
beneficiarios y que postula la igualdad de oportunidades asumiendo la
multidimensionalidad de la familia y la comunidad.
• Que para alcanzar el desarrollo humano integral y sustentable es necesario
garantizar el acceso a la educación universal y de calidad, al tiempo de
promover la generación de trabajo digno.
Por ello,
Las Ministras y Ministros ACUERDAN:
• Promover en la región políticas sociales articuladas e integrales como parte
de la construcción de nuevas propuestas de desarrollo, considerando la
complejidad de la realidad social y sus particularidades territoriales, a fin de
superar las visiones reduccionistas y fragmentadas. • Impulsar la integración regional a partir de políticas de educación y
generación de trabajo, garantizando la seguridad alimentaria y nutricional,
la protección de la familia, la perspectiva de género y demás derechos
sociales de los pueblos involucrados en el proceso.
• Profundizar en el proceso de integración de América Latina la dimensión
social garantizando el desarrollo a escala humana en una política de
derechos humanos y sociales – lo que incluye los derechos políticos,
culturales y económicos-
• Apoyar los esfuerzos existentes para la mejora de los sistemas estadísticos
como herramientas más eficientes que garanticen no sólo comparabilidad
sino también el diseño de políticas regionales adecuadas.
• Priorizar en la ejecución de las políticas sociales el abordaje integral con la
participación articulada de las áreas involucradas teniendo en cuenta la
promoción social, las particularidades locales, la diversidad cultural, una
ciudadanía activa, organizaciones representativas y participativas
conocimientos académicos y empresas con responsabilidad social, en la
búsqueda de soluciones de construcción colectiva a los problemas que
afectan nuestras sociedades.
• Sostener firmemente la convicción y la voluntad de ubicar a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio y los propios de cada país, como referencia de
nuestras políticas públicas y las acciones de promoción de la integración
regional en el ámbito de la cooperación técnica horizontal regional dejando
atrás las recetas que se propusieron a la luz del modelo neoliberal con su
“teoría del derrame”.
• Fomentar y estrechar los lazos con los Foros de Ministros de Desarrollo
Social que se realizan en otras regiones del mundo.Para ello
Las Ministras y Ministros
• Trabajarán en el intercambio regional de las fortalezas de cada país en el
desarrollo de políticas que hagan eje en los derechos y la equidad territorial
a través de una asistencia técnica concreta de los países dispuestos a
ofrecerla con el apoyo de la UNESCO y de los países prestos a recibirla.
Dicha asistencia, contemplará la sistematización de las experiencias y se
formalizará de manera efectiva en los próximos doce meses, definiéndose
que la evaluación del primer semestre se realizará en la República de
Ecuador, en el mes de noviembre de 2007, por parte de un equipo técnico
multilateral designado por los Sres. Ministros, de acuerdo al cronograma e
inventario de asistencia ofrecido por cada país.
• Acuerdan que la Secretaría Técnica Permanente tendrá sede en la
República Argentina con el fin de dar seguimiento a los acuerdos
alcanzados para lo cual contará con el apoyo de la UNESCO.
• Concuerdan en la propuesta de convocar un encuentro de política social y
económica bajo el título “Nuestros aportes al desarrollo económico”.
• Acuerdan que la República Argentina, la República de Ecuador y la
República de Panamá presenten su candidatura en la Conferencia General
de la UNESCO en octubre de 2007 para formar parte del Comité
Intergubernamental del Programa MOST de la UNESCO.
• Los participantes saludaron la propuesta de la República Bolivariana de
Venezuela como sede del próximo Foro de Ministros de Desarrollo Social
de América Latina. FIRMA DE REPRESENTANTES
Dra. Alicia M. Kirchner
Ministra de Desarrollo Social
República Argentina
Sr. Gabriel Loza Tellería
Ministro de Planificación del Desarrollo
República de Bolivia
Sr. Patrus Ananias de Sousa
Ministro de Desarrollo Social
y Combate al Hambre
República Federativa del Brasil
Sr. Francisco Tellería
Cónsul de la República de Chile en Mar
del Plata
Sr. Carlos Jorge Rodríguez Restrepo
Vice-Ministro Técnico del Ministerio de
Proteción Social
República de Colombia
Sr. Fernando Zumbado Jiménez
Ministro de Vivienda
y Asentamientos Humanos
República de Costa Rica Sra. Yleana Rey Vichot
Vice Ministra de Economía y
Planificación
Consejo de Ministros
República de Cuba
Sra. Nathalie Cely
Ministra de Coordinación de Desarrollo
Social
República de Ecuador
Sr. Gerald Germain
Ministro de Asuntos Sociales y de
Trabajo
República de Haití
Sra. Olga Doris Castro
Directora de la Oficina de Asistencia
Técnica de la Red Solidaria
República de Honduras
Sra. María del Carmen Roquebert León
Ministra de Desarrollo Social
República de Panamá
Sr. Federico Barrios
Director General de Políticas Sociales
República de Paraguay
Sra. Judith de la Mata del Puente
Embajadora de la República de Perú en
la República Argentina
Sr. William Mantilla
Vice ministro de Participación
Ministerio del Poder Popular para la
Participación y Protección Social
República Bolivariana de Venezuela
Chapadmalal, Buenos Aires, República Argentina
7, 8 y 9 de Mayo
DECLARACIÓN DE CHAPADMALAL
“CONSTRUYENDO SU CAMINO AMÉRICA LATINA AVANZA”
Las Ministras y Ministros responsables de las Políticas de Desarrollo Social y
Jefes de Delegación, reunidos en Chapadmalal los días 7, 8 y 9 de mayo de 2007,
en ocasión del VI Foro de Ministros de Desarrollo Social de la región
latinoamericana, teniendo en cuenta los compromisos adquiridos en la Cumbre
Mundial del Milenio de las Naciones Unidas, en las Cumbres Sociales, la
Declaración de Santa Clara, Perú,
CONSIDERAN:
• Que el contexto político y social latinoamericano, de solidaridad y
comprensión mutua, hace imprescindible consolidar Políticas Sociales de
raigambre popular, donde lo social, económico y cultural se constituyan en
elementos fundamentales del desarrollo integral de nuestros países.
• Que sólo es posible avanzar en procesos de integración regional
sustentables en la medida en que se combine el crecimiento económico con
la justicia social, teniendo como único fin el bienestar de nuestros pueblos. • Que estos procesos deben generarse sobre la base de los principios del
respeto irrestricto a los derechos humanos y sociales, de la construcción de
ciudadanía, de la equidad territorial, cultural, generacional y de género y la
justicia social, cuyo ejercicio es asumido por una sociedad participativa y
garantizado por un Estado activo de fuerte inversión social.
• Que es preciso superar las lógicas clientelares, paternalistas y
asistencialistas que inhiben el ejercicio pleno de los derechos y atentan
contra la dignidad de las personas.
• Que es necesario fortalecer la institucionalidad de las políticas públicas
trascendiendo la inmediatez con el fin de consolidar y jerarquizar el
desarrollo integral de nuestros pueblos.
• Que es imprescindible promover en el diseño y aplicación de las políticas
públicas la perspectiva de derechos, que reconoce personas y no
beneficiarios y que postula la igualdad de oportunidades asumiendo la
multidimensionalidad de la familia y la comunidad.
• Que para alcanzar el desarrollo humano integral y sustentable es necesario
garantizar el acceso a la educación universal y de calidad, al tiempo de
promover la generación de trabajo digno.
Por ello,
Las Ministras y Ministros ACUERDAN:
• Promover en la región políticas sociales articuladas e integrales como parte
de la construcción de nuevas propuestas de desarrollo, considerando la
complejidad de la realidad social y sus particularidades territoriales, a fin de
superar las visiones reduccionistas y fragmentadas. • Impulsar la integración regional a partir de políticas de educación y
generación de trabajo, garantizando la seguridad alimentaria y nutricional,
la protección de la familia, la perspectiva de género y demás derechos
sociales de los pueblos involucrados en el proceso.
• Profundizar en el proceso de integración de América Latina la dimensión
social garantizando el desarrollo a escala humana en una política de
derechos humanos y sociales – lo que incluye los derechos políticos,
culturales y económicos-
• Apoyar los esfuerzos existentes para la mejora de los sistemas estadísticos
como herramientas más eficientes que garanticen no sólo comparabilidad
sino también el diseño de políticas regionales adecuadas.
• Priorizar en la ejecución de las políticas sociales el abordaje integral con la
participación articulada de las áreas involucradas teniendo en cuenta la
promoción social, las particularidades locales, la diversidad cultural, una
ciudadanía activa, organizaciones representativas y participativas
conocimientos académicos y empresas con responsabilidad social, en la
búsqueda de soluciones de construcción colectiva a los problemas que
afectan nuestras sociedades.
• Sostener firmemente la convicción y la voluntad de ubicar a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio y los propios de cada país, como referencia de
nuestras políticas públicas y las acciones de promoción de la integración
regional en el ámbito de la cooperación técnica horizontal regional dejando
atrás las recetas que se propusieron a la luz del modelo neoliberal con su
“teoría del derrame”.
• Fomentar y estrechar los lazos con los Foros de Ministros de Desarrollo
Social que se realizan en otras regiones del mundo.Para ello
Las Ministras y Ministros
• Trabajarán en el intercambio regional de las fortalezas de cada país en el
desarrollo de políticas que hagan eje en los derechos y la equidad territorial
a través de una asistencia técnica concreta de los países dispuestos a
ofrecerla con el apoyo de la UNESCO y de los países prestos a recibirla.
Dicha asistencia, contemplará la sistematización de las experiencias y se
formalizará de manera efectiva en los próximos doce meses, definiéndose
que la evaluación del primer semestre se realizará en la República de
Ecuador, en el mes de noviembre de 2007, por parte de un equipo técnico
multilateral designado por los Sres. Ministros, de acuerdo al cronograma e
inventario de asistencia ofrecido por cada país.
• Acuerdan que la Secretaría Técnica Permanente tendrá sede en la
República Argentina con el fin de dar seguimiento a los acuerdos
alcanzados para lo cual contará con el apoyo de la UNESCO.
• Concuerdan en la propuesta de convocar un encuentro de política social y
económica bajo el título “Nuestros aportes al desarrollo económico”.
• Acuerdan que la República Argentina, la República de Ecuador y la
República de Panamá presenten su candidatura en la Conferencia General
de la UNESCO en octubre de 2007 para formar parte del Comité
Intergubernamental del Programa MOST de la UNESCO.
• Los participantes saludaron la propuesta de la República Bolivariana de
Venezuela como sede del próximo Foro de Ministros de Desarrollo Social
de América Latina. FIRMA DE REPRESENTANTES
Dra. Alicia M. Kirchner
Ministra de Desarrollo Social
República Argentina
Sr. Gabriel Loza Tellería
Ministro de Planificación del Desarrollo
República de Bolivia
Sr. Patrus Ananias de Sousa
Ministro de Desarrollo Social
y Combate al Hambre
República Federativa del Brasil
Sr. Francisco Tellería
Cónsul de la República de Chile en Mar
del Plata
Sr. Carlos Jorge Rodríguez Restrepo
Vice-Ministro Técnico del Ministerio de
Proteción Social
República de Colombia
Sr. Fernando Zumbado Jiménez
Ministro de Vivienda
y Asentamientos Humanos
República de Costa Rica Sra. Yleana Rey Vichot
Vice Ministra de Economía y
Planificación
Consejo de Ministros
República de Cuba
Sra. Nathalie Cely
Ministra de Coordinación de Desarrollo
Social
República de Ecuador
Sr. Gerald Germain
Ministro de Asuntos Sociales y de
Trabajo
República de Haití
Sra. Olga Doris Castro
Directora de la Oficina de Asistencia
Técnica de la Red Solidaria
República de Honduras
Sra. María del Carmen Roquebert León
Ministra de Desarrollo Social
República de Panamá
Sr. Federico Barrios
Director General de Políticas Sociales
República de Paraguay
Sra. Judith de la Mata del Puente
Embajadora de la República de Perú en
la República Argentina
Sr. William Mantilla
Vice ministro de Participación
Ministerio del Poder Popular para la
Participación y Protección Social
República Bolivariana de Venezuela
domingo, 3 de julio de 2011
POLÍTICAS NACIONALES DEL PERÚ.
Políticas Nacionales
(Según la ST-CIAS: http://www.cias.gob.pe/lineamientos/index.php)
En febrero de 2007, la ST CIAS presentó el inventario de Programas Sociales y los Lineamientos para la Fusión, Integración y/o Articulación de Programas Sociales. Se reportaron 82 diferentes de los cuales el 60% se concentraban en nueve unidades ejecutoras. En consecuencia, se debió tomar como unidad de análisis a las Unidades Ejecutoras, además de los programas.
El proceso de fusiones se enmarca en dos normas fundamentales. La Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado y el Decreto Supremo N° 029-2007-PCm, Plan de Reforma de los Programas Sociales.
A través del Plan de Reforma de los Programas Sociales, se buscó aumentar la eficiencia del gasto y mejorar la calidad de la gestión. De otro lado, se propuso una estructura organizativa, - la CIAS – para la rectoría, administración, ejecución y supervisión de los programas sociales en el Perú. Dicho documento incluye los principales problemas detectados en los Programas Sociales, siendo el proceso de fusión, una de las herramientas para superar estas deficiencias.
Fusiones de PPSS1
Como resultado del Proceso de Fusión de los Programas Sociales, se obtuvo una reducción de 82 en el año 2007 a 26 Programas Sociales en el año 2009.
Fuente: Elaborado por la ST CIAS Mayo, 2009
Estudio: “Situación de las Fusiones de los Programas de los Programas Sociales: Alcances y Resultados”
Informe preparado para la Cooperación Alemana GTZ por la empresa Apoyo Consultoría.
Lima, enero de 2009
La empresa Apoyo Consultoría, fue seleccionada por la GTZ para evaluar la situación actual del proceso de fusión de los programas sociales. Los objetivos del proyecto estuvieron orientados a identificar los procesos y el estado actual de las fusiones; identificar los casos exitosos y no exitosos; identificar los factores facilitadores y los nudos críticos y finalmente facilitar el nivel de cumplimiento de los objetivos propuestos en la normativa correspondiente.
Los programas que fueron parte del estudio fueron:
Documento: 11.1 INFORME FINAL GTZ - FUSIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES 04 03 2009
Evaluación de PPSS:
Mediante el numeral 7.6 del artículo 7° de la Ley N° 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009, se dispone que el Ministerio de Economía y Finanzas en coordinación con los sectores correspondientes, dentro del primer trimestre del año 2009, realice las evaluaciones de los programas sociales a cargo de las entidades públicas.
El 12 de marzo de 2009 se publicó la Ley N° 29328, Ley que amplía el plazo para evaluar los Programas Sociales, donde se establece que la evaluación de los programas sociales, se llevarán a cabo en un plazo que no podrá exceder del 31 de diciembre de 2009. Esta ley comprende la evaluación, considerando las líneas de base y la identificación de beneficiarios, la mejora de la gestión, seguimiento de resultados e impacto, así como la elaboración e implementación de las recomendaciones conducentes a su rediseño. Esta Ley establece que la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la CIAS y el Ministerio de Economía y Finanzas, son las instancias responsables de informar trimestralmente el avance y culminación de las evaluaciones a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso.
Avances:
La Secretaría Técnica de la CIAS viene realizado acciones conducentes al cumplimiento del mandato señalado en las normas precedentes, tales como:
Coordinación con el MEF y Sectores involucrados, para la Evaluación Integral de los Programas Sociales.
Talleres con los representantes de los Programas Sociales, para la elaboración de los Marcos Lógicos (con apoyo técnico de Cooperantes).
I Taller para la formulación de los Marco Lógicos de los PPSS dentro de la EN CRECER”: (14 de noviembre de 2008)
Con Asistencia Técnica del Programa Gobernabilidad de la GTZ, el I Taller para la formulación de los Marco Lógicos de los PPSS dentro de la EN CRECER. En este contexto, se definió que la tarea está enfocada en la elaboración, subsanación o adecuación de los Marcos Lógicos de los PPSS, contando con el compromiso de ellos.
El problema planteado para el desarrollo del Taller fue que el hecho de que no todos los PPSS cuenten con su propio Marco Lógico completo que oriente su intervención a través de Indicadores, dificulta el monitoreo y la evaluación de los mismos.
II Taller de Planificación “Marco Lógicos y Evaluaciones de los PPSS de la EN Crecer”: (8 de mayo de 2009)
El objetivo del taller fue definir acuerdos de trabajo entre los Programas Sociales (PPSS) y la ST CIAS para coordinar esfuerzos en favor del proceso de la elaboración, subsanación o adecuación de sus Marcos Lógicos (ML), los cuales son base para la evaluación de los PPSS.
Los objetivos específicos de este taller fueron:
Conocer en qué estado actual están los Marco Lógicos de los PPSS.
Definir y acordar los próximos pasos (Cronograma) para elaborar, subsanar o adecuar los Marcos Lógicos para el monitoreo y las evaluaciones de los PPSS.
En el evento participaron 14 PPSS de la EN CRECER, la ST CIAS, el MEF‐DGAES y asesores del Programa Gobernabilidad e Inclusión de la GTZ.
Coordinación con los Cooperantes Internacionales para el apoyo técnico y financiero en el proceso de evaluación de los Programas Sociales.
Documento: 11.2. a) Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009
Documento: 11.2 b) Ley Nº 29328, que amplía el plazo de la Evaluación Integral de los Programas Sociales a diciembre de 2009
El Sistema de Información de Asuntos Sociales -SIAS
El Sistema de Información de Asuntos Sociales – SIAS, es una plataforma tecnológica a escala distrital diseñada como un instrumento de gestión, que registra, almacena y procesa la información necesaria para la asignación y priorización de la inversión social a nivel central, Regional y Local.
Presupuesto por Resultados - PpR
Según lo dispuesto en el artículo 14º Ley del Sector Público para el Año Fiscal 2008, el MEF a través de la DNPP, es el responsable de diseñar, implementar, monitorear y evaluar la gestión presupuestaria por resultados. Para ello, ha dictado directivas, y adecuado su estructura organizativa interna, estableciendo programas informáticos, asimismo, debe coordinar con el CEPLAN, sectores y gobiernos regionales y locales, e implementar programas de capacitación entre otros.
De acuerdo con el numeral 18.2 del artículo 18º de la Ley de Presupuesto 2008, los responsables de los Pliegos entregaran informes trimestrales al MEF y al Secretario Técnico de la CIAS.
Asimismo, se establece que los Responsables de la ejecución articulada son:
El Secretario Técnico de la CIAS, como responsable nacional
El Gerente General de cada Gobierno Regional, como responsable regional
El Gerente Municipal, como responsable local
Estas autoridades rinden cuenta a través de informes semestrales, remitidos a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso y a la Contraloría General de la república, siendo el MEF, a través de la DNPP, quien consolida la referida información y la remite al Congreso.
Para operativizar el Presupuesto por Resultados, a la fecha se tienen los siguientes programas estratégicos:
Salud materno neonatal
Articulado nutricional
Logros de aprendizaje al finalizar el III ciclo
Acceso a la identidad
Acceso a servicios básicos y oportunidades de mercado
Acceso a agua Potable y disposición Sanitaria de excretas para poblaciones rurales.
Acceso a servicios públicos esenciales de telecomunicaciones en localidades rurales.
Acceso a energía en localidades rurales.
Gestión ambiental prioritaria
Sistema de Focalización Único - FOCALIZA
Es el sistema de información, procedimientos, herramientas y demás instrumentos utilizados en los ámbitos rurales y urbanos por los Programas Focalizados para identificar y seleccionar a sus beneficiarios. Para la identificación de las personas se utilizará el número del Documento Nacional de Identidad.
En este sentido, la ST CIAS propone implantar un Sistema de uso obligatorio por todas las entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local a cargo de los Programas cuya población objetivo son personas, familias o localidades que presentan condiciones de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad, en el marco de los lineamientos de política establecidos por CIAS. Este sistema se constituirá el Padrón Único, a partir de padrones de hogares del “SISFOH” y “JUNTOS”.
Proyecto de Ley aprobado en la CIAS. próximo a remitirse para aprobación del Congreso.
(Según la ST-CIAS: http://www.cias.gob.pe/lineamientos/index.php)
En febrero de 2007, la ST CIAS presentó el inventario de Programas Sociales y los Lineamientos para la Fusión, Integración y/o Articulación de Programas Sociales. Se reportaron 82 diferentes de los cuales el 60% se concentraban en nueve unidades ejecutoras. En consecuencia, se debió tomar como unidad de análisis a las Unidades Ejecutoras, además de los programas.
El proceso de fusiones se enmarca en dos normas fundamentales. La Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado y el Decreto Supremo N° 029-2007-PCm, Plan de Reforma de los Programas Sociales.
A través del Plan de Reforma de los Programas Sociales, se buscó aumentar la eficiencia del gasto y mejorar la calidad de la gestión. De otro lado, se propuso una estructura organizativa, - la CIAS – para la rectoría, administración, ejecución y supervisión de los programas sociales en el Perú. Dicho documento incluye los principales problemas detectados en los Programas Sociales, siendo el proceso de fusión, una de las herramientas para superar estas deficiencias.
Fusiones de PPSS1
Como resultado del Proceso de Fusión de los Programas Sociales, se obtuvo una reducción de 82 en el año 2007 a 26 Programas Sociales en el año 2009.
Fuente: Elaborado por la ST CIAS Mayo, 2009
Estudio: “Situación de las Fusiones de los Programas de los Programas Sociales: Alcances y Resultados”
Informe preparado para la Cooperación Alemana GTZ por la empresa Apoyo Consultoría.
Lima, enero de 2009
La empresa Apoyo Consultoría, fue seleccionada por la GTZ para evaluar la situación actual del proceso de fusión de los programas sociales. Los objetivos del proyecto estuvieron orientados a identificar los procesos y el estado actual de las fusiones; identificar los casos exitosos y no exitosos; identificar los factores facilitadores y los nudos críticos y finalmente facilitar el nivel de cumplimiento de los objetivos propuestos en la normativa correspondiente.
Los programas que fueron parte del estudio fueron:
Documento: 11.1 INFORME FINAL GTZ - FUSIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES 04 03 2009
Evaluación de PPSS:
Mediante el numeral 7.6 del artículo 7° de la Ley N° 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009, se dispone que el Ministerio de Economía y Finanzas en coordinación con los sectores correspondientes, dentro del primer trimestre del año 2009, realice las evaluaciones de los programas sociales a cargo de las entidades públicas.
El 12 de marzo de 2009 se publicó la Ley N° 29328, Ley que amplía el plazo para evaluar los Programas Sociales, donde se establece que la evaluación de los programas sociales, se llevarán a cabo en un plazo que no podrá exceder del 31 de diciembre de 2009. Esta ley comprende la evaluación, considerando las líneas de base y la identificación de beneficiarios, la mejora de la gestión, seguimiento de resultados e impacto, así como la elaboración e implementación de las recomendaciones conducentes a su rediseño. Esta Ley establece que la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la CIAS y el Ministerio de Economía y Finanzas, son las instancias responsables de informar trimestralmente el avance y culminación de las evaluaciones a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso.
Avances:
La Secretaría Técnica de la CIAS viene realizado acciones conducentes al cumplimiento del mandato señalado en las normas precedentes, tales como:
Coordinación con el MEF y Sectores involucrados, para la Evaluación Integral de los Programas Sociales.
Talleres con los representantes de los Programas Sociales, para la elaboración de los Marcos Lógicos (con apoyo técnico de Cooperantes).
I Taller para la formulación de los Marco Lógicos de los PPSS dentro de la EN CRECER”: (14 de noviembre de 2008)
Con Asistencia Técnica del Programa Gobernabilidad de la GTZ, el I Taller para la formulación de los Marco Lógicos de los PPSS dentro de la EN CRECER. En este contexto, se definió que la tarea está enfocada en la elaboración, subsanación o adecuación de los Marcos Lógicos de los PPSS, contando con el compromiso de ellos.
El problema planteado para el desarrollo del Taller fue que el hecho de que no todos los PPSS cuenten con su propio Marco Lógico completo que oriente su intervención a través de Indicadores, dificulta el monitoreo y la evaluación de los mismos.
II Taller de Planificación “Marco Lógicos y Evaluaciones de los PPSS de la EN Crecer”: (8 de mayo de 2009)
El objetivo del taller fue definir acuerdos de trabajo entre los Programas Sociales (PPSS) y la ST CIAS para coordinar esfuerzos en favor del proceso de la elaboración, subsanación o adecuación de sus Marcos Lógicos (ML), los cuales son base para la evaluación de los PPSS.
Los objetivos específicos de este taller fueron:
Conocer en qué estado actual están los Marco Lógicos de los PPSS.
Definir y acordar los próximos pasos (Cronograma) para elaborar, subsanar o adecuar los Marcos Lógicos para el monitoreo y las evaluaciones de los PPSS.
En el evento participaron 14 PPSS de la EN CRECER, la ST CIAS, el MEF‐DGAES y asesores del Programa Gobernabilidad e Inclusión de la GTZ.
Coordinación con los Cooperantes Internacionales para el apoyo técnico y financiero en el proceso de evaluación de los Programas Sociales.
Documento: 11.2. a) Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009
Documento: 11.2 b) Ley Nº 29328, que amplía el plazo de la Evaluación Integral de los Programas Sociales a diciembre de 2009
El Sistema de Información de Asuntos Sociales -SIAS
El Sistema de Información de Asuntos Sociales – SIAS, es una plataforma tecnológica a escala distrital diseñada como un instrumento de gestión, que registra, almacena y procesa la información necesaria para la asignación y priorización de la inversión social a nivel central, Regional y Local.
Presupuesto por Resultados - PpR
Según lo dispuesto en el artículo 14º Ley del Sector Público para el Año Fiscal 2008, el MEF a través de la DNPP, es el responsable de diseñar, implementar, monitorear y evaluar la gestión presupuestaria por resultados. Para ello, ha dictado directivas, y adecuado su estructura organizativa interna, estableciendo programas informáticos, asimismo, debe coordinar con el CEPLAN, sectores y gobiernos regionales y locales, e implementar programas de capacitación entre otros.
De acuerdo con el numeral 18.2 del artículo 18º de la Ley de Presupuesto 2008, los responsables de los Pliegos entregaran informes trimestrales al MEF y al Secretario Técnico de la CIAS.
Asimismo, se establece que los Responsables de la ejecución articulada son:
El Secretario Técnico de la CIAS, como responsable nacional
El Gerente General de cada Gobierno Regional, como responsable regional
El Gerente Municipal, como responsable local
Estas autoridades rinden cuenta a través de informes semestrales, remitidos a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso y a la Contraloría General de la república, siendo el MEF, a través de la DNPP, quien consolida la referida información y la remite al Congreso.
Para operativizar el Presupuesto por Resultados, a la fecha se tienen los siguientes programas estratégicos:
Salud materno neonatal
Articulado nutricional
Logros de aprendizaje al finalizar el III ciclo
Acceso a la identidad
Acceso a servicios básicos y oportunidades de mercado
Acceso a agua Potable y disposición Sanitaria de excretas para poblaciones rurales.
Acceso a servicios públicos esenciales de telecomunicaciones en localidades rurales.
Acceso a energía en localidades rurales.
Gestión ambiental prioritaria
Sistema de Focalización Único - FOCALIZA
Es el sistema de información, procedimientos, herramientas y demás instrumentos utilizados en los ámbitos rurales y urbanos por los Programas Focalizados para identificar y seleccionar a sus beneficiarios. Para la identificación de las personas se utilizará el número del Documento Nacional de Identidad.
En este sentido, la ST CIAS propone implantar un Sistema de uso obligatorio por todas las entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local a cargo de los Programas cuya población objetivo son personas, familias o localidades que presentan condiciones de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad, en el marco de los lineamientos de política establecidos por CIAS. Este sistema se constituirá el Padrón Único, a partir de padrones de hogares del “SISFOH” y “JUNTOS”.
Proyecto de Ley aprobado en la CIAS. próximo a remitirse para aprobación del Congreso.
miércoles, 22 de junio de 2011
HACIA UNA POLÍTICA SOCIAL DE NUEVO TIPO
El inicio de un nuevo gobierno siempre es la mejor oportunidad para hacer balances y plantear mejorías a la acción del Estado. En este caso, me voy a referir a la necesidad de hacer severos replanteamientos a las políticas sociales del Estado peruano.
Como es sabido, las políticas públicas son el conjunto de orientaciones que se formulan a partir del diagnóstico de la problemática identificada por los gobernantes, guiados por un marco político doctrinario que les permite identificar los aspectos centrales a ser abordados para resolver las dificultades existentes y tomar las decisiones que permitan alcanzar los objetivos y metas propuestos. En el caso de las políticas públicas que atacan los problemas de las relaciones entre las personas y con las instituciones, para el logro de una mejor calidad de vida individual y colectiva, que en general configura lo social, se les conoce como las políticas sociales.
Como vemos, el ámbito de acción de la política social puede ser muy amplio, desde la forma en que se promueve la integración familiar, pasando por la atención de los problemas de drogadicción, delincuencia y pandillaje, tanto como el de los niveles de ingreso de las personas y la forma en que resuelven sus necesidades vitales, hasta la forma en que se desenvuelven las instituciones fundamentales de la sociedad. Sin embargo, las prioridades de su atención son planteadas discrecionalmente por las preferencias de cada gobierno, las cuales pueden ser de carácter doctrinario, ideológico, económico y hasta político (en referencia al juego político).
Los últimos veinte años, en el Perú y la mayor parte de América Latina, las políticas sociales han venido siendo planteadas como complementarias a la política económica, bajo el concepto de mitigar los efectos del ajuste estructural o de palear las inequidades estructurales existentes, en la lógica de asegurar la gobernabilidad. Cuando las políticas sociales están sujetas a la política económica, sucede que los objetivos económicos poseen la primera prioridad de la gestión del Estado. El modelo a seguir es el de los países anglosajones, donde se privilegia el individualismo competitivo. De los países latinoamericanos el más avanzado y talvez mejor exponente de su aplicación, es México. Con lo que todos sabemos que ahora le viene ocurriendo a México en términos de delincuencia, inseguridad y severas amenazas a la gobernabilidad. Me atrevería a decir que México es un lugar donde las políticas sociales funcionan tan bien que se puede demostrar que es inoperante el modelo en que han sido diseñadas.
Lamentablemente, tanto la experiencia mexicana como brasileña, esta última con mucha similitudes a la primera, sirven de ejemplo para las políticas sociales de nuestro subcontinente. Y digo lamentablemente, porque en general los organismos multilaterales de cooperación nos presentan esas prácticas como las “exitosas y adecuadas”. Resulta siendo como esos tratamientos médicos que nos curan de un mal pero a la par, por falta de investigación adecuada, nos agudizan otro, terminando igualmente el paciente falleciendo.
SUPERAR EL ECONOMICISMO DE LAS POLÍTICAS SOCIALES.
Las sociedades en muchos aspectos funcionan como sistemas, como un todo integrado e interdependiente entre sus partes. De manera que no se puede actuar sobre uno de sus componentes sin saber previamente cuál ha de ser el impacto en el resto. Las políticas públicas de carácter economicista consideran que la sociedad se mueve en torno a la economía y que desde ese espacio se corregirá la dificultad social, como en la frase bíblica, “por añadidura”. La fatal práctica social, demuestra que no es así.
El haber identificado como factor característico de la pobreza al ingreso y al consumo de la persona y las familias, es una expresión de la política social que caracterizo como arcaica. En una orientación que privilegia el comportamiento económico de las personas, desde los llamados países desarrollados se planteó, a partir de la mitad del siglo pasado, la centralidad de la política de lucha contra la pobreza, pero todo ello bajo una visión economicista.
Desde ese entonces, se han invertido miles de millones de dólares de ayuda externa o cooperación internacional, que a lo único que ha contribuido es a perennizar el estancamiento de las capacidades y expectativas de nuestros sectores populares, y con ellos el de nuestros países. Y es que al haberse centrado las políticas y programas de ayuda principalmente en palear asistencialmente la carencia de ingresos, a través de donaciones o transferencias, sin haber afectado realmente las condiciones que llevaron a estas personas a estar en situación de pobreza, no se ha resuelto en verdad el problema estructural. Retírense las ayudas, las transferencias y esas poblaciones volverán a caer irremisiblemente en la pobreza y la pobreza extrema.
Una muestra adicional de la incapacidad de la vieja política social, es la de no haber podido impedir el crecimiento exponencial que se viene dando de la delincuencia, la violencia familiar, el narcotráfico y la corrupción, todas ellas expresión de la anomia. Y a su vez también problemas sociales con los que el Estado y la Sociedad deben enfrentarse.
HACIA UNA POLÍTICA SOCIAL DE NUEVO TIPO.
Frente al fracaso real de la política social arcaica, se abre paso la exigencia de una política social integrada e integradora. Digo integrada, porque debe considerar el conjunto de la realidad social y no sólo los aspectos económicos. Es decir, debe evaluarse al pobre y a los pobres dentro del contexto en que se desenvuelven y atacar integralmente al mismo. Por tanto, la intervención es, a la par que individual, holística. Y la política social debe ser integradora, porque debe romper con las separaciones que se dan entre entidades y programas, que funcionan con agendas propias a espaldas de los “beneficiarios”, a quienes se les considera como sujetos pasivos. El protagonismo debe invertirse en la nueva política social, ya no es más de los “promotores”, sino de la población, quien en un proceso progresivo identifica sus problemas y antecedentes, planteándose una imagen objetivo a construir desde el hoy hacia el futuro.
Esta tarea plantea una nueva división de funciones del Estado (en sus tres niveles, central, regional y local, así como en los respectivos espacios horizontales). De manera que se rompa con la superposición, la duplicidad, las filtraciones, incontrolables en el modelo actual.
La nueva política social debería tener aspectos de carácter universal y de focalización. Universales porque asegurará los derechos de todas las personas a una vida digna y de calidad y de focalización porque priorizará territorialmente su atención, empezando con aquellas zonas que registran mayores niveles de retraso.
En general, de lo que se trata, es de aplicar un concepto renovado de desarrollo social, que parte de la convicción del derecho de toda persona de desplegar plenamente sus capacidades individuales y colectivas; situación que nos incluye a todos como actores del desarrollo, en tanto y en cuanto, podamos incorporarnos a la brega en los aspectos sociales, culturales, económicos, políticos y hasta ambientales –considerando aquello donde sentimos carencias y ansias de logro.
A nivel de la estrucutra del Estado, la nueva política social debe significar una reforma que lleve a acabar con los compartimentos estancos y los organismos decorativos, para dar paso a un Sistema Nacional que incorpore las acciones del Estado, la empresa privada (por la Responsabilidad Social) y la Sociedad Civil. Y es que así como se concerta la política económica debe concertarse la aplicación de la política social. El Sistema funcional a crear debe tener la autoridad suficiente para ordenar la política social en coordinación con la población participante. Todo ello en un nuevo estilo de promover el cambio y la transformación social.
Una nueva política social con estas características, debería lograr movilizar a todo el país, bajo el concepto del desarrollo integral, colaborando de esa forma a resolver realmente la problemática social del país en su conjunto.
El Perú y las generaciones venideras lo están esperando.
Como es sabido, las políticas públicas son el conjunto de orientaciones que se formulan a partir del diagnóstico de la problemática identificada por los gobernantes, guiados por un marco político doctrinario que les permite identificar los aspectos centrales a ser abordados para resolver las dificultades existentes y tomar las decisiones que permitan alcanzar los objetivos y metas propuestos. En el caso de las políticas públicas que atacan los problemas de las relaciones entre las personas y con las instituciones, para el logro de una mejor calidad de vida individual y colectiva, que en general configura lo social, se les conoce como las políticas sociales.
Como vemos, el ámbito de acción de la política social puede ser muy amplio, desde la forma en que se promueve la integración familiar, pasando por la atención de los problemas de drogadicción, delincuencia y pandillaje, tanto como el de los niveles de ingreso de las personas y la forma en que resuelven sus necesidades vitales, hasta la forma en que se desenvuelven las instituciones fundamentales de la sociedad. Sin embargo, las prioridades de su atención son planteadas discrecionalmente por las preferencias de cada gobierno, las cuales pueden ser de carácter doctrinario, ideológico, económico y hasta político (en referencia al juego político).
Los últimos veinte años, en el Perú y la mayor parte de América Latina, las políticas sociales han venido siendo planteadas como complementarias a la política económica, bajo el concepto de mitigar los efectos del ajuste estructural o de palear las inequidades estructurales existentes, en la lógica de asegurar la gobernabilidad. Cuando las políticas sociales están sujetas a la política económica, sucede que los objetivos económicos poseen la primera prioridad de la gestión del Estado. El modelo a seguir es el de los países anglosajones, donde se privilegia el individualismo competitivo. De los países latinoamericanos el más avanzado y talvez mejor exponente de su aplicación, es México. Con lo que todos sabemos que ahora le viene ocurriendo a México en términos de delincuencia, inseguridad y severas amenazas a la gobernabilidad. Me atrevería a decir que México es un lugar donde las políticas sociales funcionan tan bien que se puede demostrar que es inoperante el modelo en que han sido diseñadas.
Lamentablemente, tanto la experiencia mexicana como brasileña, esta última con mucha similitudes a la primera, sirven de ejemplo para las políticas sociales de nuestro subcontinente. Y digo lamentablemente, porque en general los organismos multilaterales de cooperación nos presentan esas prácticas como las “exitosas y adecuadas”. Resulta siendo como esos tratamientos médicos que nos curan de un mal pero a la par, por falta de investigación adecuada, nos agudizan otro, terminando igualmente el paciente falleciendo.
SUPERAR EL ECONOMICISMO DE LAS POLÍTICAS SOCIALES.
Las sociedades en muchos aspectos funcionan como sistemas, como un todo integrado e interdependiente entre sus partes. De manera que no se puede actuar sobre uno de sus componentes sin saber previamente cuál ha de ser el impacto en el resto. Las políticas públicas de carácter economicista consideran que la sociedad se mueve en torno a la economía y que desde ese espacio se corregirá la dificultad social, como en la frase bíblica, “por añadidura”. La fatal práctica social, demuestra que no es así.
El haber identificado como factor característico de la pobreza al ingreso y al consumo de la persona y las familias, es una expresión de la política social que caracterizo como arcaica. En una orientación que privilegia el comportamiento económico de las personas, desde los llamados países desarrollados se planteó, a partir de la mitad del siglo pasado, la centralidad de la política de lucha contra la pobreza, pero todo ello bajo una visión economicista.
Desde ese entonces, se han invertido miles de millones de dólares de ayuda externa o cooperación internacional, que a lo único que ha contribuido es a perennizar el estancamiento de las capacidades y expectativas de nuestros sectores populares, y con ellos el de nuestros países. Y es que al haberse centrado las políticas y programas de ayuda principalmente en palear asistencialmente la carencia de ingresos, a través de donaciones o transferencias, sin haber afectado realmente las condiciones que llevaron a estas personas a estar en situación de pobreza, no se ha resuelto en verdad el problema estructural. Retírense las ayudas, las transferencias y esas poblaciones volverán a caer irremisiblemente en la pobreza y la pobreza extrema.
Una muestra adicional de la incapacidad de la vieja política social, es la de no haber podido impedir el crecimiento exponencial que se viene dando de la delincuencia, la violencia familiar, el narcotráfico y la corrupción, todas ellas expresión de la anomia. Y a su vez también problemas sociales con los que el Estado y la Sociedad deben enfrentarse.
HACIA UNA POLÍTICA SOCIAL DE NUEVO TIPO.
Frente al fracaso real de la política social arcaica, se abre paso la exigencia de una política social integrada e integradora. Digo integrada, porque debe considerar el conjunto de la realidad social y no sólo los aspectos económicos. Es decir, debe evaluarse al pobre y a los pobres dentro del contexto en que se desenvuelven y atacar integralmente al mismo. Por tanto, la intervención es, a la par que individual, holística. Y la política social debe ser integradora, porque debe romper con las separaciones que se dan entre entidades y programas, que funcionan con agendas propias a espaldas de los “beneficiarios”, a quienes se les considera como sujetos pasivos. El protagonismo debe invertirse en la nueva política social, ya no es más de los “promotores”, sino de la población, quien en un proceso progresivo identifica sus problemas y antecedentes, planteándose una imagen objetivo a construir desde el hoy hacia el futuro.
Esta tarea plantea una nueva división de funciones del Estado (en sus tres niveles, central, regional y local, así como en los respectivos espacios horizontales). De manera que se rompa con la superposición, la duplicidad, las filtraciones, incontrolables en el modelo actual.
La nueva política social debería tener aspectos de carácter universal y de focalización. Universales porque asegurará los derechos de todas las personas a una vida digna y de calidad y de focalización porque priorizará territorialmente su atención, empezando con aquellas zonas que registran mayores niveles de retraso.
En general, de lo que se trata, es de aplicar un concepto renovado de desarrollo social, que parte de la convicción del derecho de toda persona de desplegar plenamente sus capacidades individuales y colectivas; situación que nos incluye a todos como actores del desarrollo, en tanto y en cuanto, podamos incorporarnos a la brega en los aspectos sociales, culturales, económicos, políticos y hasta ambientales –considerando aquello donde sentimos carencias y ansias de logro.
A nivel de la estrucutra del Estado, la nueva política social debe significar una reforma que lleve a acabar con los compartimentos estancos y los organismos decorativos, para dar paso a un Sistema Nacional que incorpore las acciones del Estado, la empresa privada (por la Responsabilidad Social) y la Sociedad Civil. Y es que así como se concerta la política económica debe concertarse la aplicación de la política social. El Sistema funcional a crear debe tener la autoridad suficiente para ordenar la política social en coordinación con la población participante. Todo ello en un nuevo estilo de promover el cambio y la transformación social.
Una nueva política social con estas características, debería lograr movilizar a todo el país, bajo el concepto del desarrollo integral, colaborando de esa forma a resolver realmente la problemática social del país en su conjunto.
El Perú y las generaciones venideras lo están esperando.
domingo, 8 de mayo de 2011
Políticas integradas para luchar contra la pobreza y la desigualdad.
15 Mar 2011
Authors: Katja Hujo, Jana Bauerová
Press Contacts: Jana Bauerová, Erika Anderson
Katja Hujo, Coordinadora de investigación, ha presentado el informe del Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD), Combatir la Pobreza y la Desigualdad, el 28 de febrero 2011 en el marco del seminario internacional “México en los Escenarios Globales: Una Visión Prospectiva”. Organizado bajo los auspicios de la facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el seminario discutió temas como universidades y sociedad del conocimiento; dinámica poblacional, mercados laborales y migraciones; energía: recursos, tecnologías y efectos ambientales; sociedades nacionales: inclusión, multiculturalidad, creación de riqueza y evolución de los equilibrios geopolíticos: hacia un mundo multipolar.
El informe titulado Combatir la pobreza y la desigualdad: Cambio estructural, política social y condiciones políticas, fue presentado durante la sesión de clausura del seminario, contribuyendo un análisis comparativo de la problemática de la pobreza y de la desigualdad en el mundo. La publicación explora las causas, la dinámica y la persistencia de la pobreza, así como lo que funciona y lo que no funciona en el razonamiento y la práctica de las políticas internacionales de lucha contra la pobreza. Estudiando diferentes trayectorias de desarrollo y regimenes de políticas, la investigación ha sido llevada a cabo a base de cuestiones como ¿Por qué ciertos países han tenido más éxito en combatir la pobreza y la desigualdad que otros y cuál camino se propone para limitar la pobreza y la desigualdad particularmente en los países de bajos ingresos?
El informe argumenta que, en general, una caída en la tasa de la pobreza no resulta de políticas que se concentran en los pobres por ejemplo por medio de programas focalizados, sino de políticas que tienden a unos objetivos sociales más amplios como la igualdad, la cohesión social y la justicia social. También demuestra que la pobreza es estrechamente relacionada con las desigualdades basadas en la clase social, género, etnicidad y ubicación, que dificultan la incorporación de los pobres en los procesos de crecimiento. Y finalmente argumenta que no se puede hacer frente a la pobreza y la desigualdad confiando en que los beneficios del crecimiento económico disminuyen automáticamente esas dos problemáticas.
El modelo propuesto por el informe es aplicar políticas sociales universales, orientadas hacia programas que son económicamente sostenibles, socialmente inclusivos, y democráticamente anclados. Para lograr el máximo de impacto, los gobiernos y los actores internacionales implicados en el desarrollo deberían insistir que las instituciones en diferentes campos (económico, político y social) elaboren sus programas dentro de un marco de referencia en que las políticas sociales adquieren un lugar central.
Los cinco mensajes claves del informe todos subrayan la necesidad de políticas activas y coherentes del Estado. En conjunto, se pretende que 1) La reducción de la pobreza requiere crecimiento y cambio estructural que genera empleo productivo; 2) Los altos niveles de desigualdad constituyen un obstáculo para la reducción de la pobreza y deben ser enfretadas explícitamente; 3) Las políticas sociales amplias son esenciales para una reducción exitosa de la pobreza; 4) La reducción de la pobreza requiere una acción efectiva del Estado; y 5) La pobreza se reduce cuando las políticas económicas y sociales, las instituciones y los acuerdos políticos se apoyan mutuamente.
Finalmente, no existe un enfoque único para reducir la pobreza ya que la mayor parte de los países que han logrado un desarrollo sostenible con equidad han tomado medidas heterogéneas, apropiadas para su situación nacional.
En su mensaje de clausura, Rector José Narro Robles subrayó la importancia del informe de UNRISD y en particular la alta relevancia del tema de la desigualdad para América latina, que sigue siendo la región más desigual del mundo. Los dos comentaristas, Lic. Norma Samaniego y Dr. Fernando Cortés, hicieron hincapié en las similitudes entre las críticas y recomendaciones del informe de UNRISD e investigaciones recientes que se llevaron a cabo en la UNAM, el Colegio de México y otras instituciones de investigación en México así como en organizaciones regionales como la CEPAL. Según Cortés, tanto la CEPAL como UNRISD “….concluyen en la necesidad de mayor intervención estatal en la conducción de la economía centrando la atención en la creación de empleos de calidad, sin que esto signifique una vuelta a las políticas del pasado.”
Authors: Katja Hujo, Jana Bauerová
Press Contacts: Jana Bauerová, Erika Anderson
Katja Hujo, Coordinadora de investigación, ha presentado el informe del Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD), Combatir la Pobreza y la Desigualdad, el 28 de febrero 2011 en el marco del seminario internacional “México en los Escenarios Globales: Una Visión Prospectiva”. Organizado bajo los auspicios de la facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el seminario discutió temas como universidades y sociedad del conocimiento; dinámica poblacional, mercados laborales y migraciones; energía: recursos, tecnologías y efectos ambientales; sociedades nacionales: inclusión, multiculturalidad, creación de riqueza y evolución de los equilibrios geopolíticos: hacia un mundo multipolar.
El informe titulado Combatir la pobreza y la desigualdad: Cambio estructural, política social y condiciones políticas, fue presentado durante la sesión de clausura del seminario, contribuyendo un análisis comparativo de la problemática de la pobreza y de la desigualdad en el mundo. La publicación explora las causas, la dinámica y la persistencia de la pobreza, así como lo que funciona y lo que no funciona en el razonamiento y la práctica de las políticas internacionales de lucha contra la pobreza. Estudiando diferentes trayectorias de desarrollo y regimenes de políticas, la investigación ha sido llevada a cabo a base de cuestiones como ¿Por qué ciertos países han tenido más éxito en combatir la pobreza y la desigualdad que otros y cuál camino se propone para limitar la pobreza y la desigualdad particularmente en los países de bajos ingresos?
El informe argumenta que, en general, una caída en la tasa de la pobreza no resulta de políticas que se concentran en los pobres por ejemplo por medio de programas focalizados, sino de políticas que tienden a unos objetivos sociales más amplios como la igualdad, la cohesión social y la justicia social. También demuestra que la pobreza es estrechamente relacionada con las desigualdades basadas en la clase social, género, etnicidad y ubicación, que dificultan la incorporación de los pobres en los procesos de crecimiento. Y finalmente argumenta que no se puede hacer frente a la pobreza y la desigualdad confiando en que los beneficios del crecimiento económico disminuyen automáticamente esas dos problemáticas.
El modelo propuesto por el informe es aplicar políticas sociales universales, orientadas hacia programas que son económicamente sostenibles, socialmente inclusivos, y democráticamente anclados. Para lograr el máximo de impacto, los gobiernos y los actores internacionales implicados en el desarrollo deberían insistir que las instituciones en diferentes campos (económico, político y social) elaboren sus programas dentro de un marco de referencia en que las políticas sociales adquieren un lugar central.
Los cinco mensajes claves del informe todos subrayan la necesidad de políticas activas y coherentes del Estado. En conjunto, se pretende que 1) La reducción de la pobreza requiere crecimiento y cambio estructural que genera empleo productivo; 2) Los altos niveles de desigualdad constituyen un obstáculo para la reducción de la pobreza y deben ser enfretadas explícitamente; 3) Las políticas sociales amplias son esenciales para una reducción exitosa de la pobreza; 4) La reducción de la pobreza requiere una acción efectiva del Estado; y 5) La pobreza se reduce cuando las políticas económicas y sociales, las instituciones y los acuerdos políticos se apoyan mutuamente.
Finalmente, no existe un enfoque único para reducir la pobreza ya que la mayor parte de los países que han logrado un desarrollo sostenible con equidad han tomado medidas heterogéneas, apropiadas para su situación nacional.
En su mensaje de clausura, Rector José Narro Robles subrayó la importancia del informe de UNRISD y en particular la alta relevancia del tema de la desigualdad para América latina, que sigue siendo la región más desigual del mundo. Los dos comentaristas, Lic. Norma Samaniego y Dr. Fernando Cortés, hicieron hincapié en las similitudes entre las críticas y recomendaciones del informe de UNRISD e investigaciones recientes que se llevaron a cabo en la UNAM, el Colegio de México y otras instituciones de investigación en México así como en organizaciones regionales como la CEPAL. Según Cortés, tanto la CEPAL como UNRISD “….concluyen en la necesidad de mayor intervención estatal en la conducción de la economía centrando la atención en la creación de empleos de calidad, sin que esto signifique una vuelta a las políticas del pasado.”
La Lucha contra la Pobreza y la Desigualdad. Informe emblemático UNRISD 2010.
En contraste con las experiencias de países que históricamente tuvieron éxito en la reducción de la pobreza, las estrategias contemporáneas de reducción de la pobreza están cada vez más centradas en "atender a los pobres". ¿Cómo la reducción de la pobreza y las estrategias de desarrollo social pueden estar mejor integradas en el amplio proceso de desarrollo y el marco de la política económica? ¿Cómo hacer acercamientos universales a los servicios sociales y protección social, promoviendo más equitativos y sostenibles resultados de desarrollo? ¿Y por qué es esencial tener en cuenta las políticas y las relaciones de poder a fin de reducir la pobreza y la desigualdad?
La reducción de la pobreza es una característica central de la agenda internacional de desarrollo. Una serie de objetivos sociales de desarrollo fueron acordados por los líderes mundiales en la Cumbre del Milenio, con el objetivo de reducir significativamente la pobreza para el año 2015. Entonces, ¿qué explica la persistencia de la pobreza cuando la preocupación por la reducción ha sido importante en la agenda política? ¿Qué procesos y políticas son necesarios para alcanzar los objetivos acordados? ¿Por qué algunos países han tenido más éxito que otros en la lucha contra la pobreza? ¿Cómo deben las políticas económicas y sociales, y la política, organizarse para producir buenos resultados contra la pobreza?
El informe emblemático de UNRISD, Lucha contra la Pobreza y la Desigualdad, proporciona nuevas e importantes evidencias de que ambos deben contribuir al progreso más allá del 2015, y también estimular el debate de las estrategias de mayor plazo de reducción de la pobreza más allá de esta fecha. El informe se basa en una amplia investigación sobre enfoques contemporáneos de la reducción de la pobreza, incluidas las que figuran en los ODM y los Documentos Estratégicos de Reducción de la Pobreza (DERP), y saca ideas fundamentales y las implicaciones para políticas.
Muchos enfoques contemporáneos tratan la pobreza y la desigualdad como los resultados residuales de un mayor proceso de crecimiento que puede abordarse a través de intervenciones de política discreta y selectiva. Ellos a menudo no consideran clave la política institucional, y las dimensiones políticas que pueden ser tanto causas de la pobreza y la desigualdad y los obstáculos para su reducción. Estos planteamientos van en contra de las pruebas de
países que han logrado reducir la pobreza durante períodos de tiempo relativamente corto. El informe muestra que el progreso se produjo principalmente a través de estrategias dirigidas por el Estado -que combinaba
los objetivos de desarrollo económico con políticas sociales activas en formas que son complementarias y sinérgicas. Eso también muestra cómo los avances sobre la pobreza están determinados por las complejas interconexiones de las ideas, las instituciones, políticas y prácticas en los ámbitos social, económico y político .
El informe está estructurado en torno a las siguientes cuestiones principales, que, según alega, son los elementos críticos de una estrategia de desarrollo sostenible e inclusivo:
• patrones de crecimiento y cambio estructural (ya sea en la agricultura, industria o sectores de servicio) que generan y mantienen puestos de trabajo que tengan remuneración adecuada y accesible a todos, independientemente de sus ingresos o estatus de clase, género, etnia o lugar;
• políticas sociales integrales que se basen en los derechos universales y que son de apoyo al cambio estructural, la cohesión social y la política democrática, y
• protección de los derechos civiles, activismo y acuerdos políticos que garanticen que los Estados respondan a las necesidades de los ciudadanos y que los pobres tienen influencia en cómo se formulan las políticas.
Aspectos claves.
• El crecimiento económico es importante, pero por sí solo no necesariamente reduce la pobreza y la desigualdad. El Empleo representa un canal a través del cual los ingresos adicionales generados por el crecimiento pueden ser ampliamente distribuidos entre la población. Cuando la pobreza se ha reducido con éxito y sosteniblemente, los gobiernos utilizan las políticas de intervención de política para facilitar el empleo, realizando transformaciones estructurales de sus economías. Se invirtió mucho en infraestructura, el crédito canalizado a actividades productivas específicas, aplicando políticas industriales y agrícolas bien manejadas, así como las políticas sociales que han mejorado los niveles de competencia y el bienestar de la población.
• La igualdad y la redistribución, materia para la reducción de la pobreza. Los ODM y los DERP no hacen frente a la desigualdad. A menudo se asume que la pobreza absoluta o nivel de ingresos, en lugar
que la distribución, es el tema en materia. Sin embargo, los altos niveles de desigualdad hacen difícil reducir la pobreza, incluso cuando las economías están creciendo, y los países pobres son generalmente más desiguales que los ricos. La pobreza y la desigualdad son parte de un mismo problema. La desigualdad se manifiesta en relación a la condición de la riqueza y los ingresos, la situación de la salud y la educación, el género y origen étnico, así como el acceso a los servicios sociales y de empleo. Hay una relación muy estrecha entre las políticas redistributivas y el hacer frente a estas dimensiones del problema de la pobreza.
• La política social es una parte integral de las estrategias de desarrollo de los países que han transformado sus economías y reducido la pobreza con relativa rapidez. Un número de políticas de bienestar son viables y asequibles para los países de bajos niveles de ingresos. Para que la política social sea eficaz como instrumento de transformación contra la pobreza y la desigualdad, debe trascender su función residual de la red de seguridad y comprometerse con los retos de política pública de distribución, protección, producción y reproducción. Los países exitosos han tendido a invertir considerablemente en la educación y el desarrollo de habilidades, así como en materia de salud y protección social. Las políticas sociales también deben abordar el trabajo no remunerado que se dedica a mantener las familias, los hogares y la sociedad, invirtiendo en infraestructura y servicios básicos, y por lo tanto
reducir el trabajo de cuidado no remunerado realizado en gran medida por las mujeres.
• Los vínculos entre las políticas y las instituciones, en los ámbitos social, económico y político, deben ser establecidos si se quiere luchar eficazmente por la reducción de la pobreza. No se trata sólo de tener las políticas económicas adecuadas, sino que también se trata de perseguir las políticas sociales adecuadas y los tipos de políticas que elevan los intereses de los pobres en las políticas públicas. Del mismo modo, la coherencia de la política va más allá de la aplicación efectiva y la coordinación. Asegurar los beneficios de las posibles sinergias entre las políticas requiere de un diseño consciente de las políticas tanto económicas como sociales, respaldadas por coaliciones suficientemente potentes para garantizar su aplicación.
• La política importa para la reducción de la pobreza. La protección de los derechos cíviles, ciudadanía organizada y en actividad, partidos políticos bien organizados y representativos, y Estados eficaces con
programas redistributivos, son importantes para el progreso constante hacia la reducción de la pobreza. El marco participativo de los DERP (a menudo la "consulta" sin el poder para efectuar cambio real) es de eficacia limitada en ausencia de estas condiciones. Las Estrategias para reducir la pobreza y la desigualdad requieren derechos institucionalizados que permitan a los ciudadanos organizarse
y participar en las consultas de las políticas como actores autónomos, partidos políticos que están insertos en amplias coaliciones sociales, pactos sociales que le dan una amplia gama de propuestas y de incidencia en la elaboración de las políticas de desarrollo y los resultados, y regímenes democráticos que sean lo suficientemente
competitivos para permitir cambios periódicos en el poder y evitar que los partidos gobernantes caigan en la autocomplacencia.
• No hay una sola manera correcta para reducir la pobreza. La mayoría de los países que han tenido éxito adoptaron políticas heterodoxas que reflejaban sus condiciones nacionales, en lugar de abrazar totalmente prescripciones basadas solamente en el mercado. Los países y los pueblos deben permitirse la flexibilidad en la adopción de diferentes modelos de desarrollo, donde los aspectos de la vida y la seguridad alimentaria, la reforma agraria, los derechos culturales, la equidad de género, la política social y la democracia asociativa, ocupan un lugar destacado.
El informe se basa en la investigación de UNRISD, 41 documentos de antecedentes, estudios de caso en profundidad en Botswana,
Brasil, Costa Rica, India, Kenya, Malasia, Sudáfrica y la provincia china de Taiwán, y documentos de información general sobre China, Finlandia, Irlanda, la República de Corea, Mozambique, Singapur, Sri Lanka,
Viet Nam y la antigua Unión Soviética.
Financiación: Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Asdi), el Ministerio de Asuntos Exteriores,
Finlandia, los fondos de UNRISD proporcionados por los gobiernos de Dinamarca, Finlandia, México, Sudáfrica, Suecia, Suiza y el Reino Unido.
Contacto: Yusuf Bangura, Coordinador de Investigación, UNRISD, Palais des Nations, 1211 Ginebra 10, Suiza. Correo electrónico: Flagship2010@unrisd.org, Teléfono: +41 (0) 22 917 2896.
La reducción de la pobreza es una característica central de la agenda internacional de desarrollo. Una serie de objetivos sociales de desarrollo fueron acordados por los líderes mundiales en la Cumbre del Milenio, con el objetivo de reducir significativamente la pobreza para el año 2015. Entonces, ¿qué explica la persistencia de la pobreza cuando la preocupación por la reducción ha sido importante en la agenda política? ¿Qué procesos y políticas son necesarios para alcanzar los objetivos acordados? ¿Por qué algunos países han tenido más éxito que otros en la lucha contra la pobreza? ¿Cómo deben las políticas económicas y sociales, y la política, organizarse para producir buenos resultados contra la pobreza?
El informe emblemático de UNRISD, Lucha contra la Pobreza y la Desigualdad, proporciona nuevas e importantes evidencias de que ambos deben contribuir al progreso más allá del 2015, y también estimular el debate de las estrategias de mayor plazo de reducción de la pobreza más allá de esta fecha. El informe se basa en una amplia investigación sobre enfoques contemporáneos de la reducción de la pobreza, incluidas las que figuran en los ODM y los Documentos Estratégicos de Reducción de la Pobreza (DERP), y saca ideas fundamentales y las implicaciones para políticas.
Muchos enfoques contemporáneos tratan la pobreza y la desigualdad como los resultados residuales de un mayor proceso de crecimiento que puede abordarse a través de intervenciones de política discreta y selectiva. Ellos a menudo no consideran clave la política institucional, y las dimensiones políticas que pueden ser tanto causas de la pobreza y la desigualdad y los obstáculos para su reducción. Estos planteamientos van en contra de las pruebas de
países que han logrado reducir la pobreza durante períodos de tiempo relativamente corto. El informe muestra que el progreso se produjo principalmente a través de estrategias dirigidas por el Estado -que combinaba
los objetivos de desarrollo económico con políticas sociales activas en formas que son complementarias y sinérgicas. Eso también muestra cómo los avances sobre la pobreza están determinados por las complejas interconexiones de las ideas, las instituciones, políticas y prácticas en los ámbitos social, económico y político .
El informe está estructurado en torno a las siguientes cuestiones principales, que, según alega, son los elementos críticos de una estrategia de desarrollo sostenible e inclusivo:
• patrones de crecimiento y cambio estructural (ya sea en la agricultura, industria o sectores de servicio) que generan y mantienen puestos de trabajo que tengan remuneración adecuada y accesible a todos, independientemente de sus ingresos o estatus de clase, género, etnia o lugar;
• políticas sociales integrales que se basen en los derechos universales y que son de apoyo al cambio estructural, la cohesión social y la política democrática, y
• protección de los derechos civiles, activismo y acuerdos políticos que garanticen que los Estados respondan a las necesidades de los ciudadanos y que los pobres tienen influencia en cómo se formulan las políticas.
Aspectos claves.
• El crecimiento económico es importante, pero por sí solo no necesariamente reduce la pobreza y la desigualdad. El Empleo representa un canal a través del cual los ingresos adicionales generados por el crecimiento pueden ser ampliamente distribuidos entre la población. Cuando la pobreza se ha reducido con éxito y sosteniblemente, los gobiernos utilizan las políticas de intervención de política para facilitar el empleo, realizando transformaciones estructurales de sus economías. Se invirtió mucho en infraestructura, el crédito canalizado a actividades productivas específicas, aplicando políticas industriales y agrícolas bien manejadas, así como las políticas sociales que han mejorado los niveles de competencia y el bienestar de la población.
• La igualdad y la redistribución, materia para la reducción de la pobreza. Los ODM y los DERP no hacen frente a la desigualdad. A menudo se asume que la pobreza absoluta o nivel de ingresos, en lugar
que la distribución, es el tema en materia. Sin embargo, los altos niveles de desigualdad hacen difícil reducir la pobreza, incluso cuando las economías están creciendo, y los países pobres son generalmente más desiguales que los ricos. La pobreza y la desigualdad son parte de un mismo problema. La desigualdad se manifiesta en relación a la condición de la riqueza y los ingresos, la situación de la salud y la educación, el género y origen étnico, así como el acceso a los servicios sociales y de empleo. Hay una relación muy estrecha entre las políticas redistributivas y el hacer frente a estas dimensiones del problema de la pobreza.
• La política social es una parte integral de las estrategias de desarrollo de los países que han transformado sus economías y reducido la pobreza con relativa rapidez. Un número de políticas de bienestar son viables y asequibles para los países de bajos niveles de ingresos. Para que la política social sea eficaz como instrumento de transformación contra la pobreza y la desigualdad, debe trascender su función residual de la red de seguridad y comprometerse con los retos de política pública de distribución, protección, producción y reproducción. Los países exitosos han tendido a invertir considerablemente en la educación y el desarrollo de habilidades, así como en materia de salud y protección social. Las políticas sociales también deben abordar el trabajo no remunerado que se dedica a mantener las familias, los hogares y la sociedad, invirtiendo en infraestructura y servicios básicos, y por lo tanto
reducir el trabajo de cuidado no remunerado realizado en gran medida por las mujeres.
• Los vínculos entre las políticas y las instituciones, en los ámbitos social, económico y político, deben ser establecidos si se quiere luchar eficazmente por la reducción de la pobreza. No se trata sólo de tener las políticas económicas adecuadas, sino que también se trata de perseguir las políticas sociales adecuadas y los tipos de políticas que elevan los intereses de los pobres en las políticas públicas. Del mismo modo, la coherencia de la política va más allá de la aplicación efectiva y la coordinación. Asegurar los beneficios de las posibles sinergias entre las políticas requiere de un diseño consciente de las políticas tanto económicas como sociales, respaldadas por coaliciones suficientemente potentes para garantizar su aplicación.
• La política importa para la reducción de la pobreza. La protección de los derechos cíviles, ciudadanía organizada y en actividad, partidos políticos bien organizados y representativos, y Estados eficaces con
programas redistributivos, son importantes para el progreso constante hacia la reducción de la pobreza. El marco participativo de los DERP (a menudo la "consulta" sin el poder para efectuar cambio real) es de eficacia limitada en ausencia de estas condiciones. Las Estrategias para reducir la pobreza y la desigualdad requieren derechos institucionalizados que permitan a los ciudadanos organizarse
y participar en las consultas de las políticas como actores autónomos, partidos políticos que están insertos en amplias coaliciones sociales, pactos sociales que le dan una amplia gama de propuestas y de incidencia en la elaboración de las políticas de desarrollo y los resultados, y regímenes democráticos que sean lo suficientemente
competitivos para permitir cambios periódicos en el poder y evitar que los partidos gobernantes caigan en la autocomplacencia.
• No hay una sola manera correcta para reducir la pobreza. La mayoría de los países que han tenido éxito adoptaron políticas heterodoxas que reflejaban sus condiciones nacionales, en lugar de abrazar totalmente prescripciones basadas solamente en el mercado. Los países y los pueblos deben permitirse la flexibilidad en la adopción de diferentes modelos de desarrollo, donde los aspectos de la vida y la seguridad alimentaria, la reforma agraria, los derechos culturales, la equidad de género, la política social y la democracia asociativa, ocupan un lugar destacado.
El informe se basa en la investigación de UNRISD, 41 documentos de antecedentes, estudios de caso en profundidad en Botswana,
Brasil, Costa Rica, India, Kenya, Malasia, Sudáfrica y la provincia china de Taiwán, y documentos de información general sobre China, Finlandia, Irlanda, la República de Corea, Mozambique, Singapur, Sri Lanka,
Viet Nam y la antigua Unión Soviética.
Financiación: Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Asdi), el Ministerio de Asuntos Exteriores,
Finlandia, los fondos de UNRISD proporcionados por los gobiernos de Dinamarca, Finlandia, México, Sudáfrica, Suecia, Suiza y el Reino Unido.
Contacto: Yusuf Bangura, Coordinador de Investigación, UNRISD, Palais des Nations, 1211 Ginebra 10, Suiza. Correo electrónico: Flagship2010@unrisd.org, Teléfono: +41 (0) 22 917 2896.
lunes, 11 de abril de 2011
Desarrollo Social
Definición
De acuerdo con James Midgley el desarrollo social es “un proceso de promoción del bienestar de las personas en conjunción con un proceso dinámico de desarrollo económico”.[1] El desarrollo social es un proceso que, en el transcurso del tiempo, conduce al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población en diferentes ámbitos: salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, seguridad social, empleo, salarios, principalmente. Implica también la reducción de la pobreza y la desigualdad en el ingreso. En este proceso, es decisivo el papel del Estado como promotor y coordinador del mismo, con la activa participación de actores sociales, públicos y privados.
Para algunos autores, el desarrollo social debe conducir a igualar las condiciones de bienestar prevalecientes en las sociedades industrializadas.[2] Si bien actualmente se acepta que el desarrollo social debe adecuarse a las condiciones económicas y sociales particulares de cada país, existen estándares internacionales que se consideran “metas sociales deseables”. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus diferentes organismos asociados son el referente principal en esta materia.
Para Amartya Sen, “el desarrollo puede concebirse […] como un proceso de expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos”.[3] Esta interpretación del desarrollo, ha llevado a otorgar una importancia fundamental al concepto de desarrollo humano, como un proceso paralelo y complementario al desarrollo social. El desarrollo humano “se refiere a la creación de un entorno en el que las personas pueden desplegar su pleno potencial y tener una vida productiva y creativa, de acuerdo a sus intereses y necesidades”.[4]
Por otro lado, el enfoque de los derechos humanos se ha constituido en un referente de las políticas sociales, en particular los derechos humanos de segunda generación que se definen como “los derechos económicos, sociales y culturales, debido a los cuales, el Estado de Derecho pasa a una etapa superior, es decir, a un Estado Social de Derecho.”[5] Entre los derechos sociales encontramos la seguridad social, el trabajo, la formación de sindicatos, la educación primaria y secundaria gratuita, un nivel de vida que garantice la salud, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Como resultado de este enfoque, se encuentran las demandas que buscan que los derechos sociales se reconozcan en las legislaciones de los países, pero que además se establezcan mecanismos que garanticen su cumplimiento y su control.
En México, la Constitución de 1917 incorporó un alto componente social, principalmente a través de los artículos 3, 4, 25 y 123 constitucionales. Posteriormente, diversas reformas han ampliado la protección social a nivel constitucional, tal es el caso de la inclusión de la obligatoriedad de la educación secundaria en el artículo tercero constitucional en 1992. Actualmente, la discusión se centra sobre la forma de garantizar el cumplimiento de dichos derechos.
Las mediciones tradicionales de desarrollo consideran factores como el Producto Interno Bruto (PIB), el PIB per cápita, el nivel de industrialización, entre otras. En el enfoque propuesto por Sen existen cinco tipos distintos de libertades: “1) las libertades políticas, 2) los servicios económicos, 3) las oportunidades sociales, 4) las garantías de transparencia y 5) la seguridad protectora”.[6] Los factores considerados por las mediciones tradicionales son algunos de los medios para lograr estas libertades.
Si bien el desarrollo social implica el mejoramiento de las condiciones de vida y de bienestar de toda la población, la tendencia de las últimas décadas ha sido la focalización de los programas sociales y la restricción de las políticas sociales universales. Esta tendencia ha estado definida por criterios de eficiencia y de optimización de los recursos fiscales limitados.[7]
Este enfoque de políticas públicas ha implicado que la principal meta de los programas sociales sea la reducción de la pobreza, particularmente de la pobreza extrema. El mecanismo para lograr este objetivo ha sido el impulso del desarrollo humano a través de la ampliación de las capacidades y de las oportunidades de los individuos. Estos últimos dos conceptos, que son el referente mundial en las políticas sociales, son una contribución de Amartya Sen.[8]
Un tema de especial interés es el vínculo existente entre el desarrollo social y el desarrollo económico. Actualmente, existe un consenso de que el crecimiento económico es condición necesaria, pero no suficiente para alcanzar el desarrollo social. Las propuestas actuales en la materia recomiendan dar un mayor peso a la “calidad del crecimiento”, esto es, lograr que el crecimiento económico sea incluyente y contribuya al desarrollo social.[9]
Debido a que las dimensiones mencionadas del desarrollo social serán abordadas en las Fichas Técnicas de los Temas de la Agenda Social correspondientes elaboradas por el CESOP, con relación al tema de desarrollo social se analizarán variables e indicadores que permiten conocer y medir las características y el grado de desarrollo social a través de indicadores generales como el nivel de pobreza.
Bibliografía
Banco Mundial, La pobreza en México. Una evaluación de las condiciones, las tendencias y la estrategia del Gobierno, 2004.
Laura Baca Olamendi, et. al., Léxico de la política, FLACSO, CONACYT, FUNDACIÓN HEINRICH BÖLL y FCE, México 2000, 172.
Levy, Santiago, “Poverty Alleviation in Mexico”, Documento de trabajo 679, mayo de 1991, Oficina Regional para América Latina y del Caribe del Banco Mundial.
Midgley, James, Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare, Londres, Sage, 1995.
Sen, Amartya, Desarrollo y Libertad, Editorial Planeta, México, 2000, 19.
Sedesol, Programa Nacional de Desarrollo Social 2001-2006, Superación de la pobreza: una tarea contigo”, 15.
Torcuato S. Di Tella, Hugo Chumbita, Susana Gamba, Paz Fajardo, Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas, 1ª. Edición, Ed. Ariel, Buenos Aires, 2004, 184.
World Bank, The quality of growth, Washington, 2000.
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[1] James Midgley, Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare, Londres, Sage, 1995, 8.
[2] Para Pedro Paz, el desarrollo es un proceso de cambio social deliberado que tiene como objetivo alcanzar los niveles de vida y oportunidades que presentan las sociedades industrializadas con elevados niveles de bienestar. En esta definición está implícito el papel del Estado como promotor de dichos cambios. Pedro Paz, “Desarrollo-subdesarrollo”, en Torcuato S. Di Tella, Hugo Chumbita, Susana Gamba, Paz Fajardo, Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas, 1ª. Edición, Ed. Ariel, Buenos Aires, 2004, 184. En este mismo sentido, Teresa Incháustegui define el desarrollo social como un proceso de cambio que conduce a que los países menos desarrollados adquieran los rasgos de los países industrializados. Teresa Incháustegui Romero, “Desarrollo social”, en Laura Baca Olamendi, et. al., Léxico de la política, FLACSO, CONACYT, FUNDACIÓN HEINRICH BÖLL y FCE, México 2000, 172.
[3] Amartya Sen, Desarrollo y Libertad, Editorial Planeta, México, 2000, 19.
[4] Sedesol, Programa Nacional de Desarrollo Social 2001-2006. Superación de la pobreza: una tarea contigo, 15.
[5] Comisión Nacional de Derechos Humanos. En: http://www.cndh.org.mx/losdh/losdh.htm
[6] Sen, op.cit., 27.
[7] Santiago Levy, “Poverty Alleviation in Mexico”, Documento de trabajo 679, mayo de 1991, Oficina Regional para América Latina y del Caribe del Banco Mundial.
[8] Sen se refiere a las oportunidades “que tienen algunas personas para conseguir lo que mínimamente les gustaría conseguir (incluida la falta de oportunidades tan elementales como la capacidad para escapar de una muerte prematura, de la morbilidad evitable o de la inanición involuntaria)”, así como a la “expansión de las capacidades de las personas para llevar el tipo de vida que valoran y que tienen razones para valorar.” Sen, op.cit., 33-34.
[9] Ver World Bank, The quality of growth, Washington, 2000 y Banco Mundial, La pobreza en México. Una evaluación de las condiciones, las tendencias y la estrategia del Gobierno, 2004.
[Citar como] Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, "Definición", en Desarrollo Social [Actualización: 16 de junio de 2006], en www.diputados.gob.mx/cesop/
De acuerdo con James Midgley el desarrollo social es “un proceso de promoción del bienestar de las personas en conjunción con un proceso dinámico de desarrollo económico”.[1] El desarrollo social es un proceso que, en el transcurso del tiempo, conduce al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población en diferentes ámbitos: salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, seguridad social, empleo, salarios, principalmente. Implica también la reducción de la pobreza y la desigualdad en el ingreso. En este proceso, es decisivo el papel del Estado como promotor y coordinador del mismo, con la activa participación de actores sociales, públicos y privados.
Para algunos autores, el desarrollo social debe conducir a igualar las condiciones de bienestar prevalecientes en las sociedades industrializadas.[2] Si bien actualmente se acepta que el desarrollo social debe adecuarse a las condiciones económicas y sociales particulares de cada país, existen estándares internacionales que se consideran “metas sociales deseables”. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus diferentes organismos asociados son el referente principal en esta materia.
Para Amartya Sen, “el desarrollo puede concebirse […] como un proceso de expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos”.[3] Esta interpretación del desarrollo, ha llevado a otorgar una importancia fundamental al concepto de desarrollo humano, como un proceso paralelo y complementario al desarrollo social. El desarrollo humano “se refiere a la creación de un entorno en el que las personas pueden desplegar su pleno potencial y tener una vida productiva y creativa, de acuerdo a sus intereses y necesidades”.[4]
Por otro lado, el enfoque de los derechos humanos se ha constituido en un referente de las políticas sociales, en particular los derechos humanos de segunda generación que se definen como “los derechos económicos, sociales y culturales, debido a los cuales, el Estado de Derecho pasa a una etapa superior, es decir, a un Estado Social de Derecho.”[5] Entre los derechos sociales encontramos la seguridad social, el trabajo, la formación de sindicatos, la educación primaria y secundaria gratuita, un nivel de vida que garantice la salud, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Como resultado de este enfoque, se encuentran las demandas que buscan que los derechos sociales se reconozcan en las legislaciones de los países, pero que además se establezcan mecanismos que garanticen su cumplimiento y su control.
En México, la Constitución de 1917 incorporó un alto componente social, principalmente a través de los artículos 3, 4, 25 y 123 constitucionales. Posteriormente, diversas reformas han ampliado la protección social a nivel constitucional, tal es el caso de la inclusión de la obligatoriedad de la educación secundaria en el artículo tercero constitucional en 1992. Actualmente, la discusión se centra sobre la forma de garantizar el cumplimiento de dichos derechos.
Las mediciones tradicionales de desarrollo consideran factores como el Producto Interno Bruto (PIB), el PIB per cápita, el nivel de industrialización, entre otras. En el enfoque propuesto por Sen existen cinco tipos distintos de libertades: “1) las libertades políticas, 2) los servicios económicos, 3) las oportunidades sociales, 4) las garantías de transparencia y 5) la seguridad protectora”.[6] Los factores considerados por las mediciones tradicionales son algunos de los medios para lograr estas libertades.
Si bien el desarrollo social implica el mejoramiento de las condiciones de vida y de bienestar de toda la población, la tendencia de las últimas décadas ha sido la focalización de los programas sociales y la restricción de las políticas sociales universales. Esta tendencia ha estado definida por criterios de eficiencia y de optimización de los recursos fiscales limitados.[7]
Este enfoque de políticas públicas ha implicado que la principal meta de los programas sociales sea la reducción de la pobreza, particularmente de la pobreza extrema. El mecanismo para lograr este objetivo ha sido el impulso del desarrollo humano a través de la ampliación de las capacidades y de las oportunidades de los individuos. Estos últimos dos conceptos, que son el referente mundial en las políticas sociales, son una contribución de Amartya Sen.[8]
Un tema de especial interés es el vínculo existente entre el desarrollo social y el desarrollo económico. Actualmente, existe un consenso de que el crecimiento económico es condición necesaria, pero no suficiente para alcanzar el desarrollo social. Las propuestas actuales en la materia recomiendan dar un mayor peso a la “calidad del crecimiento”, esto es, lograr que el crecimiento económico sea incluyente y contribuya al desarrollo social.[9]
Debido a que las dimensiones mencionadas del desarrollo social serán abordadas en las Fichas Técnicas de los Temas de la Agenda Social correspondientes elaboradas por el CESOP, con relación al tema de desarrollo social se analizarán variables e indicadores que permiten conocer y medir las características y el grado de desarrollo social a través de indicadores generales como el nivel de pobreza.
Bibliografía
Banco Mundial, La pobreza en México. Una evaluación de las condiciones, las tendencias y la estrategia del Gobierno, 2004.
Laura Baca Olamendi, et. al., Léxico de la política, FLACSO, CONACYT, FUNDACIÓN HEINRICH BÖLL y FCE, México 2000, 172.
Levy, Santiago, “Poverty Alleviation in Mexico”, Documento de trabajo 679, mayo de 1991, Oficina Regional para América Latina y del Caribe del Banco Mundial.
Midgley, James, Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare, Londres, Sage, 1995.
Sen, Amartya, Desarrollo y Libertad, Editorial Planeta, México, 2000, 19.
Sedesol, Programa Nacional de Desarrollo Social 2001-2006, Superación de la pobreza: una tarea contigo”, 15.
Torcuato S. Di Tella, Hugo Chumbita, Susana Gamba, Paz Fajardo, Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas, 1ª. Edición, Ed. Ariel, Buenos Aires, 2004, 184.
World Bank, The quality of growth, Washington, 2000.
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[1] James Midgley, Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare, Londres, Sage, 1995, 8.
[2] Para Pedro Paz, el desarrollo es un proceso de cambio social deliberado que tiene como objetivo alcanzar los niveles de vida y oportunidades que presentan las sociedades industrializadas con elevados niveles de bienestar. En esta definición está implícito el papel del Estado como promotor de dichos cambios. Pedro Paz, “Desarrollo-subdesarrollo”, en Torcuato S. Di Tella, Hugo Chumbita, Susana Gamba, Paz Fajardo, Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas, 1ª. Edición, Ed. Ariel, Buenos Aires, 2004, 184. En este mismo sentido, Teresa Incháustegui define el desarrollo social como un proceso de cambio que conduce a que los países menos desarrollados adquieran los rasgos de los países industrializados. Teresa Incháustegui Romero, “Desarrollo social”, en Laura Baca Olamendi, et. al., Léxico de la política, FLACSO, CONACYT, FUNDACIÓN HEINRICH BÖLL y FCE, México 2000, 172.
[3] Amartya Sen, Desarrollo y Libertad, Editorial Planeta, México, 2000, 19.
[4] Sedesol, Programa Nacional de Desarrollo Social 2001-2006. Superación de la pobreza: una tarea contigo, 15.
[5] Comisión Nacional de Derechos Humanos. En: http://www.cndh.org.mx/losdh/losdh.htm
[6] Sen, op.cit., 27.
[7] Santiago Levy, “Poverty Alleviation in Mexico”, Documento de trabajo 679, mayo de 1991, Oficina Regional para América Latina y del Caribe del Banco Mundial.
[8] Sen se refiere a las oportunidades “que tienen algunas personas para conseguir lo que mínimamente les gustaría conseguir (incluida la falta de oportunidades tan elementales como la capacidad para escapar de una muerte prematura, de la morbilidad evitable o de la inanición involuntaria)”, así como a la “expansión de las capacidades de las personas para llevar el tipo de vida que valoran y que tienen razones para valorar.” Sen, op.cit., 33-34.
[9] Ver World Bank, The quality of growth, Washington, 2000 y Banco Mundial, La pobreza en México. Una evaluación de las condiciones, las tendencias y la estrategia del Gobierno, 2004.
[Citar como] Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, "Definición", en Desarrollo Social [Actualización: 16 de junio de 2006], en www.diputados.gob.mx/cesop/
martes, 18 de enero de 2011
EL DESARROLLO SOCIAL.
INTRODUCCIÓN
En el Perú y América Latina estamos comprometidos desde mucho tiempo atrás en la tarea de lograr la superación de nuestras dificultades sociales, por las cuales somos países con capacidades limitadas, bajos niveles de vida y sumamente vulnerables a los vaivenes políticos y económicos internacionales. A esta situación se le ha venido a llamar subdesarrollo, neocoloniaje, dependencia, retraso económico, entre tantas otras definiciones más.
Sin embargo, nuestros países latinoamericanos, siempre han luchado contra esa situación, intentando superarla de diversas formas, aplicando distintas estrategias. Muchas de las veces importadas como modelos foráneos. Siendo la gran mayoría de ellas de carácter economicista. Es decir con predominancia de los factores económicos sobre los sociales, culturales y políticos, en total desacuerdo con la multivariada y mestiza realidad nuestra.
Desde fines de los años 40 del siglo pasado, se ha intentado insertarnos en una dinámica de desarrollo que partía del principio que el aspecto prioritario y fundamental para la superación de nuestra problemática era lo económico. En esa línea, se han invertido miles de millones de dólares en impulsar programas y proyectos de ese tenor. Empero, los resultados siempre terminaron siendo limitados. Progreso para algunos, frustraciones para otros.
En épocas recientes, el modelo impuesto por el Consenso de Washington, estableció políticas que suponía llevarían a lo que podría denominarse el desarrollo del país, vía la liberalización de los mercados, la atracción de la inversión externa y la aplicación de políticas de compensación social. Todo ello, en un contexto de reducción a su mínima expresión del Estado. Los hechos han demostrado que esa fue una política nefasta para nuestros países. Habiendo logrado, por ejemplo, que la pobreza al fin del siglo XX afecte a más del 50% de la población nacional. Ni qué decir de los niveles de la desigualdad, incrementados en todo el sub continente, haciéndonos el de mayor desigualdad en todo el Mundo. Estos resultados no se debieron necesariamente a la deficiencia en la aplicación de las políticas, fueron producto de los errores estructurales del modelo que se creyó infalible.
Para tratar de enmendar estos hechos, se han venido a formular los llamados Enfoques. Los Enfoques han devenido en un conjunto de procedimientos con un eje articulador, con el cual se pretende resolver un tipo de problema priorizado, no suponiendo necesariamente una atención integral de la problemática social. Es así como existen diversos enfoques, a saber, el Enfoque de Capacidades, vinculado al desarrollo humano, el Enfoque de Derechos, relacionado con los derechos humanos, el Enfoque del Desarrollo Territorial, el Enfoque de Género, el Enfoque de Necesidades Básicas, entre otros. El gran problema de los enfoques, tal como se han venido aplicando, es el de la visión parcial de la realidad. Y, como veremos más adelante, los problemas no se resuelven con intervenciones parciales.
Frente a ese panorama, se ha hecho necesaria la formulación de un modelo que sea capaz de superar las limitaciones de lo hasta hoy existente. A ese modelo lo denominamos de Desarrollo Social. Por razones que explicamos en este ensayo, consideramos que la promoción del Desarrollo es de carácter integral, correspondiendo esa labor a la sociedad en su conjunto, por un lado, como al íntegro de espacios que se dan en la Sociedad, por el otro. Nuestra perspectiva es holística, Sistémica, pero también humana. La Sociedad es un Sistema, pero éste está integrado por seres humanos, con sus propias dinámicas de vida, que la hacen totalmente versátil e innovadora.
Desde aquí propulsamos que el Modelo alternativo sea más que un Enfoque. Debe ser capaz de enfrentarse al tecnicismo instrumentalista del economicismo que cree que todo se somete al cálculo monetario. Los economicistas de la política social, han reducido todo a presupuestos, indicadores de gasto y programas de monitoreo, muy poco se han preocupado en certificar si los supuestos sobre los cuales se han construido los programas sociales generados a su sombra, realmente son capaces de alcanzar los objetivos formulados. Lo que es peor, muchas veces, carecen del concepto epistemológico fundamental de definición e identificación del sujeto social sobre el que se pretende actuar. Para ellos, la persona no es sino un número, no es sino un objeto, no forma parte de un grupo social. Para ese tipo de tecnócratas la sociedad es una entelequia. Nada más equivocado, la sociedad peruana se ha podido construir al margen del economicismo, al margen de los tecnócratas, su riqueza es histórica y social, reconocida por lo que se ha logrado al margen del Estado y la economía moderna. Y sin embargo, esos aspectos no existen comúnmente en los programas sociales de viejo cuño, carentes de real visión de desarrollo y superación del estado actual de cosas.
El presente trabajo, preliminar a uno mayor en el que estamos involucrados desde tiempo atrás, es una reflexión crítica y parcial sobre la necesidad de dar un paso adelante en la promoción del desarrollo. En una primera parte, realizamos una apretada evaluación de la situación en que se encuentra la realidad peruana. Mostramos aspectos olvidados por los gestores de políticas, que lamentablemente sólo se acostumbraron a tener una visión reducida de la realidad peruana y, hasta podríamos decir, latinoamericana . La Agenda que se desprende de ella será mucho más amplia que la de la moda imperante.
La segunda parte, intenta volver sobre los orígenes del problema social, la concepción de la sociedad y su desenvolvimiento. Y es que no se puede atacar una enfermedad sino se conoce primero al paciente y su morfología y dinámica de vida. Lo más raro es que los enfoques predominantes generalizan sobre realidades que son muy específicas, razón por la cual luego sus intervenciones fracasan. La crítica por tanto debe ser muy radical y por tanto epistemológica. Mucho se habla de la pobreza y muy poco del pobre o de la pobre. Es sintomático que los “pobretólogos” sean generalmente economistas, cuya principal característica sea reducir el fenómeno a unas cuantas ecuaciones, porque el resto es ceteris paribus. Es decir se presume que se encuentra estático, sin capacidad de influir en el desenvolvimiento de los hechos sociales. Por esa vía, los problemas se resuelven “solos” o no se resuelven nunca. Sino, veamos cómo la extrema pobreza resulta siendo calificada como “estructural”, es decir “difícil” de resolver .
La tercera parte, está referida a la recuperación de un debate postergado desde años atrás, el del desarrollo como liberación. Es decir el de un desarrollo que parte de una realidad concreta, de un diagnóstico de la evolución histórica, de la construcción de actores sociales, de la determinación de visión, misión y varios objetivos. Por ello, esa propuesta de desarrollo puede ser catalogada de liberadora, porque está engarzada a una realidad social cuyas potencialidades se quieren desplegar íntegramente, superando las cadenas que la han venido atando a un pasado vergonzante.
La cuarta parte, intenta esbozar los principios fundamentales sobre los cuales se debe construir una alternativa nacional de desarrollo que sea capaz de asimilar lo positivo de los enfoques existentes, creando sinergias positivas con ellos, pero sometiéndonos siempre a nuestra cruda realidad. Ha sido imperativo, construir una definición procesal del Desarrollo Social, desde la cual se diseña la estructura que ha de tener el modelo totalizante, o el Modelo articulador de todos los enfoques, si se insiste en ese instrumento.
Como dijéramos al principio, el documento que se tiene ante si, no es sino un preliminar de una investigación más amplia que, con la profundidad académica requerida, sustentará con solvencia sus aseveraciones. Por el momento, deseamos abrir paso a la polémica, a la reflexión, a la autocrítica, al cambio de actitudes. El periodo de cambio de autoridades políticas nos da la oportunidad de hacer replanteamientos, de hacer ajustes y replantear lo que estuvo herrado. Como seres humanos que somos tenemos derecho de equivocarnos, pero eso que es un derecho, trae consigo la obligación de reconocerlo y de iniciar el proceso de reformular modelos. Si este solo hecho se lograse ya podríamos darnos por plenamente satisfechos.
Lima, 20 de septiembre del 2010.
En el Perú y América Latina estamos comprometidos desde mucho tiempo atrás en la tarea de lograr la superación de nuestras dificultades sociales, por las cuales somos países con capacidades limitadas, bajos niveles de vida y sumamente vulnerables a los vaivenes políticos y económicos internacionales. A esta situación se le ha venido a llamar subdesarrollo, neocoloniaje, dependencia, retraso económico, entre tantas otras definiciones más.
Sin embargo, nuestros países latinoamericanos, siempre han luchado contra esa situación, intentando superarla de diversas formas, aplicando distintas estrategias. Muchas de las veces importadas como modelos foráneos. Siendo la gran mayoría de ellas de carácter economicista. Es decir con predominancia de los factores económicos sobre los sociales, culturales y políticos, en total desacuerdo con la multivariada y mestiza realidad nuestra.
Desde fines de los años 40 del siglo pasado, se ha intentado insertarnos en una dinámica de desarrollo que partía del principio que el aspecto prioritario y fundamental para la superación de nuestra problemática era lo económico. En esa línea, se han invertido miles de millones de dólares en impulsar programas y proyectos de ese tenor. Empero, los resultados siempre terminaron siendo limitados. Progreso para algunos, frustraciones para otros.
En épocas recientes, el modelo impuesto por el Consenso de Washington, estableció políticas que suponía llevarían a lo que podría denominarse el desarrollo del país, vía la liberalización de los mercados, la atracción de la inversión externa y la aplicación de políticas de compensación social. Todo ello, en un contexto de reducción a su mínima expresión del Estado. Los hechos han demostrado que esa fue una política nefasta para nuestros países. Habiendo logrado, por ejemplo, que la pobreza al fin del siglo XX afecte a más del 50% de la población nacional. Ni qué decir de los niveles de la desigualdad, incrementados en todo el sub continente, haciéndonos el de mayor desigualdad en todo el Mundo. Estos resultados no se debieron necesariamente a la deficiencia en la aplicación de las políticas, fueron producto de los errores estructurales del modelo que se creyó infalible.
Para tratar de enmendar estos hechos, se han venido a formular los llamados Enfoques. Los Enfoques han devenido en un conjunto de procedimientos con un eje articulador, con el cual se pretende resolver un tipo de problema priorizado, no suponiendo necesariamente una atención integral de la problemática social. Es así como existen diversos enfoques, a saber, el Enfoque de Capacidades, vinculado al desarrollo humano, el Enfoque de Derechos, relacionado con los derechos humanos, el Enfoque del Desarrollo Territorial, el Enfoque de Género, el Enfoque de Necesidades Básicas, entre otros. El gran problema de los enfoques, tal como se han venido aplicando, es el de la visión parcial de la realidad. Y, como veremos más adelante, los problemas no se resuelven con intervenciones parciales.
Frente a ese panorama, se ha hecho necesaria la formulación de un modelo que sea capaz de superar las limitaciones de lo hasta hoy existente. A ese modelo lo denominamos de Desarrollo Social. Por razones que explicamos en este ensayo, consideramos que la promoción del Desarrollo es de carácter integral, correspondiendo esa labor a la sociedad en su conjunto, por un lado, como al íntegro de espacios que se dan en la Sociedad, por el otro. Nuestra perspectiva es holística, Sistémica, pero también humana. La Sociedad es un Sistema, pero éste está integrado por seres humanos, con sus propias dinámicas de vida, que la hacen totalmente versátil e innovadora.
Desde aquí propulsamos que el Modelo alternativo sea más que un Enfoque. Debe ser capaz de enfrentarse al tecnicismo instrumentalista del economicismo que cree que todo se somete al cálculo monetario. Los economicistas de la política social, han reducido todo a presupuestos, indicadores de gasto y programas de monitoreo, muy poco se han preocupado en certificar si los supuestos sobre los cuales se han construido los programas sociales generados a su sombra, realmente son capaces de alcanzar los objetivos formulados. Lo que es peor, muchas veces, carecen del concepto epistemológico fundamental de definición e identificación del sujeto social sobre el que se pretende actuar. Para ellos, la persona no es sino un número, no es sino un objeto, no forma parte de un grupo social. Para ese tipo de tecnócratas la sociedad es una entelequia. Nada más equivocado, la sociedad peruana se ha podido construir al margen del economicismo, al margen de los tecnócratas, su riqueza es histórica y social, reconocida por lo que se ha logrado al margen del Estado y la economía moderna. Y sin embargo, esos aspectos no existen comúnmente en los programas sociales de viejo cuño, carentes de real visión de desarrollo y superación del estado actual de cosas.
El presente trabajo, preliminar a uno mayor en el que estamos involucrados desde tiempo atrás, es una reflexión crítica y parcial sobre la necesidad de dar un paso adelante en la promoción del desarrollo. En una primera parte, realizamos una apretada evaluación de la situación en que se encuentra la realidad peruana. Mostramos aspectos olvidados por los gestores de políticas, que lamentablemente sólo se acostumbraron a tener una visión reducida de la realidad peruana y, hasta podríamos decir, latinoamericana . La Agenda que se desprende de ella será mucho más amplia que la de la moda imperante.
La segunda parte, intenta volver sobre los orígenes del problema social, la concepción de la sociedad y su desenvolvimiento. Y es que no se puede atacar una enfermedad sino se conoce primero al paciente y su morfología y dinámica de vida. Lo más raro es que los enfoques predominantes generalizan sobre realidades que son muy específicas, razón por la cual luego sus intervenciones fracasan. La crítica por tanto debe ser muy radical y por tanto epistemológica. Mucho se habla de la pobreza y muy poco del pobre o de la pobre. Es sintomático que los “pobretólogos” sean generalmente economistas, cuya principal característica sea reducir el fenómeno a unas cuantas ecuaciones, porque el resto es ceteris paribus. Es decir se presume que se encuentra estático, sin capacidad de influir en el desenvolvimiento de los hechos sociales. Por esa vía, los problemas se resuelven “solos” o no se resuelven nunca. Sino, veamos cómo la extrema pobreza resulta siendo calificada como “estructural”, es decir “difícil” de resolver .
La tercera parte, está referida a la recuperación de un debate postergado desde años atrás, el del desarrollo como liberación. Es decir el de un desarrollo que parte de una realidad concreta, de un diagnóstico de la evolución histórica, de la construcción de actores sociales, de la determinación de visión, misión y varios objetivos. Por ello, esa propuesta de desarrollo puede ser catalogada de liberadora, porque está engarzada a una realidad social cuyas potencialidades se quieren desplegar íntegramente, superando las cadenas que la han venido atando a un pasado vergonzante.
La cuarta parte, intenta esbozar los principios fundamentales sobre los cuales se debe construir una alternativa nacional de desarrollo que sea capaz de asimilar lo positivo de los enfoques existentes, creando sinergias positivas con ellos, pero sometiéndonos siempre a nuestra cruda realidad. Ha sido imperativo, construir una definición procesal del Desarrollo Social, desde la cual se diseña la estructura que ha de tener el modelo totalizante, o el Modelo articulador de todos los enfoques, si se insiste en ese instrumento.
Como dijéramos al principio, el documento que se tiene ante si, no es sino un preliminar de una investigación más amplia que, con la profundidad académica requerida, sustentará con solvencia sus aseveraciones. Por el momento, deseamos abrir paso a la polémica, a la reflexión, a la autocrítica, al cambio de actitudes. El periodo de cambio de autoridades políticas nos da la oportunidad de hacer replanteamientos, de hacer ajustes y replantear lo que estuvo herrado. Como seres humanos que somos tenemos derecho de equivocarnos, pero eso que es un derecho, trae consigo la obligación de reconocerlo y de iniciar el proceso de reformular modelos. Si este solo hecho se lograse ya podríamos darnos por plenamente satisfechos.
Lima, 20 de septiembre del 2010.
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