En el Perú se ha planteado la necesidad de crear el ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, como una de las formas de posibilitar que los beneficios del crecimiento lleguen a los más pobres. Deseo que se ha expresado con absoluta claridad en las urnas en el último proceso electoral.
El detalle se encuentra ahora en la forma que tomará dicho ministerio, de manera que pueda asegurarse en serio que el progreso llegue a los más necesitados.
Lo primero que debería asegurarse es que el nuevo ministerio no se convierta en una sucursal del Ministerio de Economía y finanzas, en tanto y en cuanto se considere que el solo hecho de repartir dinero, bajo distintas denominaciones de programas, ya es posibilitar la superación de la situación de pobreza. A ello es lo que denominamos como economicismo, que ha venido a convertirse en el garrafal error que cometen quienes creen que sólo la economía es el pivote del desarrollo.
Y he aquí una segunda condición, fundamental si se quiere lograr verdaderos resultados, el saber cuál será el enfoque por el cual se definirá la pobreza, ¿sólo en función a ingresos, a necesidades básicas insatisfechas? ¿Se considerarán las capacidades, los aspectos multidimensionales?
El reparto de dinero, está demostrado, es la creación de un nuevo tipo de dependencia, que en algunos casos es manipulado clientelarmente entre la población beneficiaria. Respecto a las necesidades básicas insatisfechas, los criterios con que se atienden estas exigencias no siempre corresponden a las prioridades de desenvolvimiento de las comunidades, por lo que las obras terminan siendo abandonadas por aquéllas.
Caso distinto es el de las capacidades, individuales y colectivas, porque esencialmente no sólo se atienden necesidades inmediatas, sino porque también se prepara a la comunidad para asumir autónomamente su desarrollo, más allá de los enfoques que le den los órganos interventores. El desarrollo de capacidades exige una intervención multidisciplinaria y multisectorial, es decir no sólo se reparte dinero, fundamentalmente se forma capital social, desde los núcleos familiares hasta las redes comunitarias. Lo que implica un trabajo sostenido de recuperación de la autoestima y los valores de cooperación y reciprocidad, que no se logran solamente con cartelones y afiches.
Todo ello, está circunscrito a lo que hemos venido en llamar una política social de nuevo tipo, donde no sea solamente el Estado el que se movilice, sino también se incorpore la Sociedad Civil y la empresa privada. Ya que, como es obvio, la generación de una dinámica liberadora de energías individuales y colectivas, debe encontrar rutas de escape y canalización de iniciativas en la sociedad amplia. La figura con lo que quisiera comparar este proceso, si es fallido, es el de las nuevas avenidas que se han modernizado en Lima, pero que terminan en sendos cuellos de botella, en los que se genera también grandes conflictos y frustraciones.
Es por esta razón, que consideramos que la dinámica a impulsar es la del Desarrollo Social, porque no es sino la sociedad en su conjunto la que debe movilizarse para superar sus problemas sociales. Y tendrá que ser así inequívocamente por los sucesos que se presentan ya cotidianamente en la sociedad peruana. La anomia avanza cada día más en el país, debiendo ser tratada por la política pública social.
Creer que con más cárceles o represión se detendrá ésta, es equivocarse. Es como pensar que la pena de muerte detiene los asesinatos. No es así. Se requiere de una política que sancione y reprima el delito, es cierto, pero también de una que lo prevenga y elimine las causas de su nacimiento. Eso es deber irrenunciable del Estado.
El nuevo ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, al pretender ser el rector y organizador de la política social, debe asumir estos retos. Y desde la sociedad civil hemos de ser actores y vigilantes de que ello sea así.
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