El inicio de un nuevo gobierno siempre es la mejor oportunidad para hacer balances y plantear mejorías a la acción del Estado. En este caso, me voy a referir a la necesidad de hacer severos replanteamientos a las políticas sociales del Estado peruano.
Como es sabido, las políticas públicas son el conjunto de orientaciones que se formulan a partir del diagnóstico de la problemática identificada por los gobernantes, guiados por un marco político doctrinario que les permite identificar los aspectos centrales a ser abordados para resolver las dificultades existentes y tomar las decisiones que permitan alcanzar los objetivos y metas propuestos. En el caso de las políticas públicas que atacan los problemas de las relaciones entre las personas y con las instituciones, para el logro de una mejor calidad de vida individual y colectiva, que en general configura lo social, se les conoce como las políticas sociales.
Como vemos, el ámbito de acción de la política social puede ser muy amplio, desde la forma en que se promueve la integración familiar, pasando por la atención de los problemas de drogadicción, delincuencia y pandillaje, tanto como el de los niveles de ingreso de las personas y la forma en que resuelven sus necesidades vitales, hasta la forma en que se desenvuelven las instituciones fundamentales de la sociedad. Sin embargo, las prioridades de su atención son planteadas discrecionalmente por las preferencias de cada gobierno, las cuales pueden ser de carácter doctrinario, ideológico, económico y hasta político (en referencia al juego político).
Los últimos veinte años, en el Perú y la mayor parte de América Latina, las políticas sociales han venido siendo planteadas como complementarias a la política económica, bajo el concepto de mitigar los efectos del ajuste estructural o de palear las inequidades estructurales existentes, en la lógica de asegurar la gobernabilidad. Cuando las políticas sociales están sujetas a la política económica, sucede que los objetivos económicos poseen la primera prioridad de la gestión del Estado. El modelo a seguir es el de los países anglosajones, donde se privilegia el individualismo competitivo. De los países latinoamericanos el más avanzado y talvez mejor exponente de su aplicación, es México. Con lo que todos sabemos que ahora le viene ocurriendo a México en términos de delincuencia, inseguridad y severas amenazas a la gobernabilidad. Me atrevería a decir que México es un lugar donde las políticas sociales funcionan tan bien que se puede demostrar que es inoperante el modelo en que han sido diseñadas.
Lamentablemente, tanto la experiencia mexicana como brasileña, esta última con mucha similitudes a la primera, sirven de ejemplo para las políticas sociales de nuestro subcontinente. Y digo lamentablemente, porque en general los organismos multilaterales de cooperación nos presentan esas prácticas como las “exitosas y adecuadas”. Resulta siendo como esos tratamientos médicos que nos curan de un mal pero a la par, por falta de investigación adecuada, nos agudizan otro, terminando igualmente el paciente falleciendo.
SUPERAR EL ECONOMICISMO DE LAS POLÍTICAS SOCIALES.
Las sociedades en muchos aspectos funcionan como sistemas, como un todo integrado e interdependiente entre sus partes. De manera que no se puede actuar sobre uno de sus componentes sin saber previamente cuál ha de ser el impacto en el resto. Las políticas públicas de carácter economicista consideran que la sociedad se mueve en torno a la economía y que desde ese espacio se corregirá la dificultad social, como en la frase bíblica, “por añadidura”. La fatal práctica social, demuestra que no es así.
El haber identificado como factor característico de la pobreza al ingreso y al consumo de la persona y las familias, es una expresión de la política social que caracterizo como arcaica. En una orientación que privilegia el comportamiento económico de las personas, desde los llamados países desarrollados se planteó, a partir de la mitad del siglo pasado, la centralidad de la política de lucha contra la pobreza, pero todo ello bajo una visión economicista.
Desde ese entonces, se han invertido miles de millones de dólares de ayuda externa o cooperación internacional, que a lo único que ha contribuido es a perennizar el estancamiento de las capacidades y expectativas de nuestros sectores populares, y con ellos el de nuestros países. Y es que al haberse centrado las políticas y programas de ayuda principalmente en palear asistencialmente la carencia de ingresos, a través de donaciones o transferencias, sin haber afectado realmente las condiciones que llevaron a estas personas a estar en situación de pobreza, no se ha resuelto en verdad el problema estructural. Retírense las ayudas, las transferencias y esas poblaciones volverán a caer irremisiblemente en la pobreza y la pobreza extrema.
Una muestra adicional de la incapacidad de la vieja política social, es la de no haber podido impedir el crecimiento exponencial que se viene dando de la delincuencia, la violencia familiar, el narcotráfico y la corrupción, todas ellas expresión de la anomia. Y a su vez también problemas sociales con los que el Estado y la Sociedad deben enfrentarse.
HACIA UNA POLÍTICA SOCIAL DE NUEVO TIPO.
Frente al fracaso real de la política social arcaica, se abre paso la exigencia de una política social integrada e integradora. Digo integrada, porque debe considerar el conjunto de la realidad social y no sólo los aspectos económicos. Es decir, debe evaluarse al pobre y a los pobres dentro del contexto en que se desenvuelven y atacar integralmente al mismo. Por tanto, la intervención es, a la par que individual, holística. Y la política social debe ser integradora, porque debe romper con las separaciones que se dan entre entidades y programas, que funcionan con agendas propias a espaldas de los “beneficiarios”, a quienes se les considera como sujetos pasivos. El protagonismo debe invertirse en la nueva política social, ya no es más de los “promotores”, sino de la población, quien en un proceso progresivo identifica sus problemas y antecedentes, planteándose una imagen objetivo a construir desde el hoy hacia el futuro.
Esta tarea plantea una nueva división de funciones del Estado (en sus tres niveles, central, regional y local, así como en los respectivos espacios horizontales). De manera que se rompa con la superposición, la duplicidad, las filtraciones, incontrolables en el modelo actual.
La nueva política social debería tener aspectos de carácter universal y de focalización. Universales porque asegurará los derechos de todas las personas a una vida digna y de calidad y de focalización porque priorizará territorialmente su atención, empezando con aquellas zonas que registran mayores niveles de retraso.
En general, de lo que se trata, es de aplicar un concepto renovado de desarrollo social, que parte de la convicción del derecho de toda persona de desplegar plenamente sus capacidades individuales y colectivas; situación que nos incluye a todos como actores del desarrollo, en tanto y en cuanto, podamos incorporarnos a la brega en los aspectos sociales, culturales, económicos, políticos y hasta ambientales –considerando aquello donde sentimos carencias y ansias de logro.
A nivel de la estrucutra del Estado, la nueva política social debe significar una reforma que lleve a acabar con los compartimentos estancos y los organismos decorativos, para dar paso a un Sistema Nacional que incorpore las acciones del Estado, la empresa privada (por la Responsabilidad Social) y la Sociedad Civil. Y es que así como se concerta la política económica debe concertarse la aplicación de la política social. El Sistema funcional a crear debe tener la autoridad suficiente para ordenar la política social en coordinación con la población participante. Todo ello en un nuevo estilo de promover el cambio y la transformación social.
Una nueva política social con estas características, debería lograr movilizar a todo el país, bajo el concepto del desarrollo integral, colaborando de esa forma a resolver realmente la problemática social del país en su conjunto.
El Perú y las generaciones venideras lo están esperando.
